Gobiernos transparentes

Por Laura Torres Ramírez

Con frecuencia los padres repetimos a nuestros hijos que no deben confiar en extraños; la recomendación tiene fundamento, no podemos exponernos ante quienes no conocemos. El mismo criterio aplicamos los adultos para la vida cotidiana; uno no confía en extraños, incluso, aunque éstos sean quienes nos gobiernan.

 

La confianza de los ciudadanos en sus autoridades es el resultado de muchos esfuerzos encaminados a cerrar la brecha que separa a los gobernados de sus gobernantes, no basta tener un rostro reconocido a través de los medios de comunicación, hay que ejercer un trabajo cercano a las personas y orientar los recursos puestos bajo nuestro cuidado para satisfacer las necesidades que ellos mismos reconoce como más apremiantes.

Quienes ejercemos la autoridad debemos estar dispuestos a transparentar no solo el ejercicio de la función pública que desempeñamos, sino nuestro quehacer cotidiano; así lo demanda la sociedad entera, pues académicos, empresarios, obreros y amas de casa han desarrollado un nivel de escepticismo sin precedentes, no solo frente al discurso de la clase política, sino ante cualquier órgano de gobierno.

Este contexto no es extraño para nadie, por eso, estamos emprendiendo acciones igualmente contundentes para conquistar la confianza ciudadana, no a partir de discursos sino de hechos. En el Congreso de Baja California votamos a favor de la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, vigente en todo el país desde febrero de 2014.

Esta reforma trajo consigo la autonomía del IFAI, por lo que no podrá ser limitado en forma alguna en sus funciones frente a ninguna instancia de poder, garantizando su imparcialidad; también se incluyeron nuevos sujetos obligados a transparentar su información, pues además de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos, ahora también deben responder frente a la sociedad partidos políticos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos y ejerza funciones de autoridad en el ámbito federal.

Otro cambio sustancial fue el derecho de atracción, de oficio o a petición de parte, que podrá ejercer el IFAI respecto de los recursos de revisión interpuestos ante organismos de transparencia estatales; los cuales también adquirieron la facultad de interponer recursos de inconstitucionalidad frente a leyes locales de su competencia.

Finalmente, el mejor compromiso con la transparencia radica en el nuevo carácter de las resoluciones del IFAI, que ahora son obligatorias, definitivas e inatacables.

 

La transparencia nos compromete a todos a ser a leales a las instituciones y a los propósitos sociales para los que fueron creadas, por ello he propuesto a través de diversas iniciativas nuevas obligaciones para transparentar el trabajo y resultados de los servidores públicos del estado. Próximamente el Congreso de la Unión aprobará la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la invitación está puesta para abrir el debate en Baja California, transparentemente.

*La autora es Diputada XXI Legislatura, Ex Presidenta CCE Baja California.

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