Gobernatura de tres años: Atropello a la democracia

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“Cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano confronta la alternativa de perder su sentido moral o su respeto por la ley”. Frederic Bastiat

“Parlamento abierto” es un sistema de interacción entre ciudadanía y poder legislativo, que incluye la opinión de la sociedad en la elaboración de leyes, garantizando leyes justas, equitativas y consensadas, fortaleciendo la ética y probidad de los legisladores.

Un ejemplo perfecto de parlamento abierto se dio en 2015, cuando el congreso bajacaliforniano de entonces, con la participación de la sociedad civil, promulgó la reforma electoral que incluía el empate electoral de las elecciones estatales con las federales.

Esta reforma electoral no sólo incluyó el empate electoral, sino igualmente las candidaturas independientes, la revocación de mandato, y la reelección de alcaldes y diputados. El objetivo del empate electoral era tener dos procesos electorales cada seis años, en lugar de los cuatro por sexenio que se tenían.

La discusión principal de la reforma se centró en el término del empate para la gobernatura: dos o cinco años.

La primera optaba por elegir un gobernador de dos años para que el siguiente fuera electo en 2021, durante la intermedia federal que previamente sólo elegía diputados federales.

Si bien se entendía un gobierno de dos años como muy corto, se hacia el sacrificio para que en la próxima intermedia federal la agenda fuera local, sin interferencia de posibles figuras carismáticas nacionales, incrementando al mismo tiempo la votación en un proceso típicamente de mucho abstencionismo.

Actualmente, 15 estados en México eligen gobernador en las intermedias, 9 eligen en la elección presidencial, y el resto de los estados siguen pendientes de empatarse.

La segunda opción era un gobernador de cinco años para que el siguiente fuera elegido al mismo tiempo que el presidente, teniendo como única ventaja más tiempo para gobernar.

La decisión de la reforma de 2015 fue de dos años, asumiendo el costo de una gobernatura cortoplacista por ÚNICA vez, pero con los beneficios antes descritos.

Lo más importante de este ejercicio de parlamento abierto, fue que recogió la voluntad ciudadana a través de mesas de discusión, donde TODOS los miembros de la sociedad fuimos invitados a participar y expresar nuestra opinión.

Quien esto escribe, como representante del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo participando en las mesas de discusión política.

Curiosamente, las mesas de discusión política fueron convocadas y coordinadas por un diputado que repitió en la actual legislatura: Fausto Gallardo.

Igualmente, también estuvieron tres diputados que repiten actualmente: Juan Manuel Molina, Julio Cesar Vázquez y Claudia Agatón. Todos votaron por una gobernatura de dos años.

En ese contexto, la propuesta de la diputada Monserrat Caballero de recortar nuevamente el término de la próxima gobernatura a tres años, bajo el pretexto de empatarla con la elección presidencial, no sólo no tiene sentido, sino que es un atropello a la democracia.

La propuesta ya fue autorizada por la comisión respectiva del Congreso y pronto será presentada en el pleno para ser votada. Si es aprobada tendrá que ser también votada por los cinco ayuntamientos.

El cambio no debe pasar. Hacemos un llamado porque la razón y la moral prevalezcan más allá de intereses personales y reparticiones burdas de poder de los que van a votar.

Caso contrario, esto debe tomarse como un atentado al bien común y a la sociedad en general.