Frente común anticorrupción

Por Manuel Rodríguez Monárrez

Un reporte publicado esta semana por la Secretaría de la Función Pública estima que en México, los empresarios tienen que destinar como mínimo el 10% de sus utilidades cada año para el pago de sobornos. El efecto más pernicioso de la corrupción es la pérdida de confianza en las instituciones públicas, que a su vez, genera incertidumbre en la inversión, expansión o creación de nuevas empresas. Lo anterior se ve reflejado en el informe de INEGI, recientemente publicado y compartido por el CEESP (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado), en dónde para el primer semestre de 2017, nuestra entidad reporta un retroceso en materia de inversiones de menos 0.5%, y al momento nos colocamos en el nada honroso lugar 28 de 32 entidades federativas evaluadas en un magro desempeño en la atracción de nuevas inversiones.

Es evidente lo urgente que resulta hacer frente a la corrupción, como la necesidad de que la lucha resulte de una manera corresponsable e integrando todos los recursos, capacidades y voluntades. Lamento mucho que el Gobernador Kiko Vega esté deteniendo su compromiso para avanzar en la prevención, detección y sanción mediante la figura de un Fiscal Estatal AntiCorrupción.  Por meses ya, la Coparmex Tijuana, impulsada por la cruzada anticorrupción de Gustavo Fernández, ha insistido en que es necesario que la entidad cuente ya con un fiscal que pueda fincar felonías a servidores públicos que cometen actos de corrupción, pero también a  empresarios que ofrecen mordidas, y así viene redactado el nuevo espíritu que el legislador imprimió en la nueva ley 3de3 Federal que está por promulgarse, de una manera que se le regrese esa credibilidad que las instituciones han ido perdiendo escándalo tras escándalo. 

Un maestro de ciencias políticas me decía si lo que vas a hacer en el ejercicio de tus funciones no es algo que te enorgullezca que aparezca en la primera plana de un periódico, no lo hagas. Y es que ante lo inminente del mundo digital sobre la vida pública, la era de la discrecionalidad quedó atrás. Hoy los cacicagazcos y cotos de poder enfrentan el juicio de las redes sociales, en dónde los famosos “leaks” ponen al descubierto muchos temas que antes se pensaban tabús. Ahora bien, el Gobernador Vega anunció que para julio por fin dará su beneplácito para el nombramiento del Fiscal Estatal, pero de nada va a servir esta figura sino mantiene su independencia respecto del poder que lo postula y lo ratifica. Esperemos que nuevos tiempos de esperanza de una ética e integridad en el servicio se estén formando ya que las nuevas generaciones de empresarios ya están hartos de la corrupción porque con márgenes de ganancias pequeños y en mercados tan competidos ya no se pueden dar el lujo de ni siquiera pensar que el soborno es una opción. Siendo la corrupción también el principal inhibidor para que empresarios honestos participen en procesos abiertos de licitación pública o adjudicación de contratos para el otorgamiento o arrendamiento de bienes y servicios. Más que un fiscal necesitamos un modelo de gobierno basado en la ética del servidor público y en la integridad empresarial en una nueva correlación de valores compartidos. Por años el académico de Cetys Universidad, el maestro Heberto Peterson se ha ocupado por estudiar éste fenómeno y ha logrado formar un buen número de generaciones empresariales que ya no concuerdan con las viejas prácticas.