Encuentro: Una buena noticia envuelta en burocracia excesiva

El INEGI informa que en México 40 de cada 100 escuelas no tienen drenaje; 30 de cada 100 no tienen agua; 10 de cada 100 no tiene sanitarios; 10 de cada 100 no tiene energía eléctrica; 70 de cada 100 carece de accesibilidad para discapacitados y casi 40 de cada 100 escuelas no tienen áreas deportivas y recreativas.

Millones de niños están en esas escuelas. Repito; millones de niños.

El gobierno federal canalizará este año 3,300 millones para el programa de Escuelas Dignas. Sin duda una acción muy positiva aunque el monto se queda chico en comparación al tamaño del reto y al dispendio mencionado en escritos anteriores de más de 35,000 millones al año pagados a maestros que no dan clase, a escuelas inexistentes y demás gastos sin sustento.

Para acceder a los recursos cada estado del país debe solicitar la incorporación de las escuelas a este programa a partir de las carencias arriba mencionadas. Bueno será conocer si B.C. ha solicitado recursos y cuántos de este programa.

Para recibir el apoyo hay que cumplir con “solo” 20 pasos por lo que es muy probable que se presente un marcado subejercicio en esta partida. Esto sucede cuando teniendo el dinero disponible no se utiliza todo por cuestiones de trámites y requisitos excesivos que tienen un buen propósito pero que al final del día hacen mas daño que beneficio.

En resumen el proceso inicia con la designación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, (INIFED), para que celebre convenios con cada estado que incluye alcances, responsabilidades y plazos de operación. Luego se realiza la selección de las escuelas propuestas por cada estado. Después se validan los planteles, se levantan cédulas de información técnica; se hace una evaluación seguida de la autorización de un comité técnico donde se determina el monto de dinero a solicitar. Cada escuela que se incorpore al programa debe crear el Comité de Escuelas Dignas que será la instancia para el ejercicio y vigilancia del programa.

Posteriormente se solicitará el dinero y el estado se encargará de contratar la empresa responsable de la obra y se firmará un convenio de concertación entre el INIFED, el Comité de Escuelas Dignas y el estado para garantizar la realización de la obra.

Este es un buen ejemplo de cómo no hacer las cosas. Esta excesiva burocracia hace que una buena acción del gobierno esté en riesgo de no hacerse realidad.

El gobierno tiene maneras más ágiles para hacer las cosas. En este caso la falta de sentido común es de nuevo la constante y por ello se requiere que los estados y los organismos de la sociedad civil participen y colaboren con las autoridades educativas federales para proponer y usar mecanismos, que ya existen, para que estos y otros recursos se inviertan con más eficiencia y mejores resultados.