En los archivos de la impunidad

Por: Noé López Zúñiga

Terminó el 2015 y empezamos un 2016 con cuentas y asuntos pendientes que sin duda alguna, es el reflejo de la opacidad, impunidad y corrupción a su máxima expresión, en una república cada vez más desunida y en un municipio debilitado e imposibilitado políticamente.

 

Inmersos en un proceso electoral, estamos a la espera de los candidatos oficiales y de las plataformas político-electorales de los partidos políticos legalmente registrados. Sin embargo, la ciudadanía, y los electores en particular, debemos estar pendientes de los temas aun no resueltos por los políticos en el poder y de los integrantes del propio gobierno, que suponemos algunos querrán brincar a otros puestos, inclusive a los de elección popular. A todos ellos, los ciudadanos debemos cuestionarles cómo, y cuándo resolverán asuntos de interés general que hasta la fecha están en los archivos de la impunidad.

A nivel municipal, tenemos varios temas inconclusos como el de la ciclovía, que no ha sido resuelto en definitiva, pues en el tramo del boulevard ferrocarril, seguimos viendo esos espantosos cuadros de concreto que obstaculizan circular libremente en una parte de la vialidad. ¿Cuánto se gastó? y ¿cómo y porqué se gastó en algo que finalmente no era útil para la ciudadanía?

El asunto de UBER y su nula o mala reglamentación por parte del municipio, pero también la falta de una  política pública de vialidad y transporte, que hace que exista un pésimo servicio del transporte público en perjuicio de la ciudadanía, son temas que mientras sigan sin resolverse están en los archivos de la impunidad.

El gran fraude en la adquisición y suministro de las luminarias, que se generó en la administración municipal pasada, sigue siendo un asunto que por la poca o deficiente actuación jurídica del Síndico Procurador Municipal, y por la opacidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se vuelve un asunto delicado y escabroso que sigue en los archivos de la impunidad.

No obstante, este tema, de resolverse jurídicamente castigando a quien se enriqueció ilegítimamente con dinero del erario público, podría ser un asunto emblemático para que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones y en sus gobernantes.

A nivel estatal, el tema de la disputa territorial del poblado de Santa Anita, que divide los municipios de Rosarito y Ensenada, respectivamente, sigue siendo un asunto no resuelto, pues mientras el actual Congreso Local, le de vuelta al asunto y no defina y establezca los límites territoriales entre estas dos ciudades como constitucionalmente le corresponde, será un asunto archivado en la impunidad. Así mismo, se encuentra el conflicto de interés del que fue señalado el actual Gobernador, por la adquisición de terrenos y por los negocios que mantiene con una empresa desarrolladora que ha construido un fraccionamiento en Tijuana, pues es un tema que mientras no se sepa con transparencia si existe o no intereses encontrados, a partir de la información privilegiada que pueda tener por su posición como titular del ejecutivo estatal, será un asunto archivado para la impunidad.