Empresa y Gobierno:¿conflicto de intereses?

Por Noé López Zúñiga

La construcción de la Casa Blanca, propiedad de la esposa del Presidente de la República, así  como el proyecto y desarrollo inmobiliario San Carlos en Tijuana, y donde el Gobernador del Estado, es socio, representan dos casos paradigmáticos, en el que se involucran conflictos de intereses, y faltas de ética grave en el ejercicio de la función pública.

 

No existe mucha literatura en torno al tema de conflicto de intereses, como tampoco existe una norma legal que establezca que el que gobierna esta impedido durante su mandato, dedicarse a actividades empresariales o lucrativas. Por lo mismo, se cuenta con poca información legal, que nos pudiera ayudar en el plano jurídico, a dilucidar estos dos problemas que hasta hoy, se torna político. Como consecuencia, esto puede servir para el laboratorio académico, de donde se puede desprender un proyecto de reformas a la ley, que nos permita normar las conductas de quien gobierna y emprende negocios durante su mandato o gestión. Así, esta opinión editorial, parte de supuestos, y es eminentemente una reflexión académica.

De acuerdo a las Directrices de la Auditoria Superior de la Federación para Prevenir el Conflicto de Intereses (marzo 2011),  «existe conflicto de intereses cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión». Desde este contexto, en el caso del Fraccionamiento San Carlos, el Gobernador del Estado, puede estar en conflicto de intereses debido a que, en su calidad de socio de dicho negocio inmobiliario, puede perder capacidad individual para llevar a cabo su responsabilidad constitucional de gobernar  y administrar los recursos del Estado de una manera imparcial y objetiva, sobre todo, en la toma de decisiones que tenga que ver con el desarrollo urbano cercano al Fraccionamiento San Carlos (en donde tiene inversiones), pues al parecer, se proyectan algunos desarrollos urbanísticos considerablemente cercanos, e incluso en un cerro contiguo con dirección hacia el norte, se construirá el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón – CRIT BC, del que el gobierno del Estado, tiene conocimiento y decisión indirecta.

Independientemente de lo anterior, el Gobernador goza de información privilegiada para sus negocios inmobiliarios, pues en su calidad de Jefe del Ejecutivo Estatal, es una autoridad en materia de Desarrollo Urbano, pues el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de B.C., señala que son autoridades en materia de desarrollo urbano, entre otros, el Gobernador del Estado. Por consiguiente, el Gobernador puede allegarse de datos, estadísticas, y cualquier otro documento que pudiera, directa o indirectamente en su actividad de empresario,  facilitarle trámites, gestiones, permisos, y derechos gubernamentales, para la conducción, elaboración y ejecución de proyectos habitacionales, comerciales e industriales, con grandes beneficios patrimoniales.

El Gobernador, como socio de un negocio inmobiliario, pudo haber tenido tratos diferenciados a su favor, que pudieron colocar en desventaja a las demás empresas desarrolladoras que compiten en el mercado de la construcción en Baja California.

 

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