Elimina Congreso sanción por no verificación vehicular

Mexicali.- A unos cuantos días de que venciera  la suspensión temporal de 100 días para renovar la tarjeta de circulación sin presentar la prueba en los verificentros, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Iniciativa presentada por el Diputado René Adrián Mendívil Acosta que reforma la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.

Cabe mencionar que durante estos tres meses, se realizaron diversas Mesas de Trabajo con los actores involucrados como son: concesionarios de los Centros de Verificación Vehicular, transportistas, los cinco ayuntamientos y los legisladores locales.

Al hacer uso de la tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Mendívil Acosta mencionó que esta legislatura ante la necesidad de mejorar la calidad del aire que se respira, ha planteado el perfeccionamiento de diversas iniciativas encaminadas a controlar por medio de la verificación vehicular, la presencia de elementos contaminantes como son: el monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno entre otros.

Como es de nuestro conocimiento -dijo- el pasado 24 de enero del año en curso, fue publicado el Decreto número 38, expedido por esta XXI Legislatura, en el cual se adicionó un artículo transitorio tercero al decreto 28.

Dicho artículo, señala que: “Por esta única ocasión, durante el ejercicio fiscal 2014, los propietarios o poseedores de vehículos que incumplan con el requisito de la verificación vehicular obligatoria en términos del Programa 2014, serán objeto de una multa de cinco salarios mínimos vigentes en la entidad, misma que se hará efectiva a través de las oficinas de recaudación de rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución correspondiente, salvo que dentro de este periodo, se expidan las disposiciones reglamentarias municipales correspondientes en los respectivos ámbitos competenciales».

En virtud de lo anterior, quedó establecida una multa por incumplimiento de verificación que no sería aplicable inmediatamente, sino a partir del año 2015, cuando los usuarios intententaran nuevamente revalidar sus placas y tarjeta de circulación, expuso el Legislador.

“Sin embargo, los Diputados del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que dicha disposición es meramente innecesaria, debido a que el ciudadano de cualquier modo se encuentra obligado a acudir a verificar su vehículo para que pueda circular en el Estado o bien para la revalidación de  placas o tarjeta de circulación”, resaltó en su calidad de coordinador del mismo.

El Legislador mencionó que bajo este contexto, “es que consideramos que imponer una multa, no representa ningún efecto coercitivo para que el ciudadano se acerque a realizar la verificación”.

Por tales motivos y con base a que el término de que los cien días vencían el próximo tres de mayo, a efecto de evitar una mala interpretación de la norma y posible confusión entre los ciudadanos que generara incertidumbre, “ponderamos la necesidad de derogar dicha disposición, basados en la premisa de que la verificación vehicular se sustenta en el cuidado y protección al medio ambiente y, no en la represión de la ciudadanía”.

Con la aprobación de las diversas fracciones que integran el Congreso, esta Iniciativa deroga el artículo transitorio tercero del Decreto no. 28, expedido por la XXI Legislatura, adicionado por decreto 38, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 24 de enero de 2014, en el que se reforma el artículo 29 fracción VII, de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.

Por otra parte, se presentó también en esta sesión ordinaria, por parte del Diputado David Ruvalcaba Flores, una proposición con punto de acuerdo -aprobada por el pleno- para exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal para que replantee los alcances del Programa de Verificación Obligatoria para el Estado de Baja California.

Mencionó el legislador que aunque este programa regula los costos de la verificación, no fija un tope máximo o mínimo, sino que se concreta a una cantidad establecida que son cuatro o cinco salarios mínimos, por lo que propuso que el cobro sea hasta el tope máximo especificado, dejando al libre albedrio del concesionario, el poder realizar un cobro menor.

Para finalizar propone que apoyándose en el descontento ciudadano que causó el no tener la infraestructura adecuada para que los ciudadanos cumplieran con la verificación vehicular, que el Congreso solicite al Poder Ejecutivo, que en una acción de transparencia, pondere la urgente necesidad de otorgar las facilidades necesarias para la apertura de mayores Centros de Verificación.