El Sistema Penitenciario en BC

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“El sistema penitenciario crea desconfianza, hay que pagar una fianza que sólo al rico le alcanza”, Nach

Los acontecimientos recientes en la penitenciaria de Tijuana parecieran ser el inicio de una crisis en ciernes.

La semana anterior ocurrió un motín donde los presos demandaban falta de atención y alimentos, que legalmente debe proveer el sistema penitenciario del estado.

Bajo el reclamo “tenemos hambre”, los reclusos se amotinaron exigiendo atención de los responsables y de la CDH, argumentando igualmente condiciones deplorables y de hacinamiento.

No obstante la evidencia, la autoridad negó la existencia de algún motín ni conato del mismo, informando tampoco hubo lesionados.

Adicionalmente, este lunes un grupo de 20 custodios (policías) penitenciarios se manifestaron en la misma penitenciaria, protestando falta de protección ante un nuevo amotinamiento por parte de los internos.

Los custodios reportan no sólo uno sino tres motines ocurridos la semana anterior, incluyendo un custodio herido de gravedad, donde manifiestan que la autoridad los ha dejado a su suerte.

El sistema penitenciario en el país está muy lejos de ser correctivo y de readaptación. Estudios diversos muestran carencias importantes en acondicionamiento de espacios así como el acceso de los internos a servicios básicos. En la mayoría de las penitenciarías del país impera la ley del más fuerte bajo enormes andamiajes de corrupción.

Según datos de la CNDH del 2019, el sistema penitenciario en BC tenía una calificación de 7.21, arriba de la media nacional de 6.75, aclarando que durante ese periodo las penitenciarías del estado estaban bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Estatal.

El mismo reporte menciona que BC tiene una capacidad para 16,638 internos, de los cuales existían 11,673 internos, equivalente al 70% de su capacidad.

Con la creación de la Fiscalía General del Estado y la fusión de la extinta Secretaría de Seguridad Estatal y la Procuraduría de Justicia, el sistema penitenciario pasó a ser responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno.

En la separación, la General de Gobierno absorbió el presupuesto penitenciario equivalente a $1,047 mdp, que, divididos entre aproximadamente 12,000 reos existentes, nos indica cada reo cuesta $87,000 pesos anuales, equivalente a 1.7 veces el salario mínimo anual en BC. Esto en principio debería ser suficiente para una manutención y trato decoroso para los reclusos como para el personal que los cuida, recordando los custodios han sido parte del movimiento policial que busca mejores sueldos y prestaciones laborales dignas para los policías.

El proveedor de comida actual de la penitenciaria ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública por tráfico de influencias, corrupción y servicio de comida con sobreprecios y en mal estado.

A esta empresa se le había cancelado el contrato de servicios de comida al inicio de esta administración estatal por falta de claridad en sus propuestas, situación que inclusive dio motivo para el despido de algunos funcionarios de alto nivel.

Sin embargo, el año anterior la empresa fue nuevamente contratada, en asignación directa (sin competir), otorgándole un contrato por seis años.

Paradójicamente, uno de los funcionarios que había sido despedido por la situación original, es hoy el responsable del sistema penitenciario.

Las autoridades estatales, en particular la Secretaría General de Gobierno, deben tomar las medidas necesarias para evitar una crisis penitenciaria como la sucedida en 2008, que terminó con 17 muertos y la destrucción de un penal.

Estaremos pendientes de los resultados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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