El reto del poder judicial ante el Covid-19

Óscar Díaz

Con un rezago crónico a cuestas en la impartición de justicia, y con una falta de recursos humanos, de infraestructura y presupuestales que ha sido más que evidente en el pasado reciente, el poder judicial del estado enfrentará en los próximos meses -y tal vez en los próximos años- una gran adversidad para cumplir con su función.

De acuerdo a la constitución federal la justicia en México debe ser pronta y expedita, pero ese principio siempre se ha tenido que adecuar a las capacidades de cada órgano de impartición, que para funcionar requiere de ciertas condiciones que lo permitan.

Es necesario contar con personal suficiente, con espacios físicos adecuados, con material diverso de papelería y con soporte técnico, electrónico y digital. Aunque suene obvio es importante resaltar que las instalaciones requieren higiene y espacios comunes salubres, y con ciertas comodidades básicas en la medida de lo posible, mismas que influyen directamente en la calidad con la que se provee el servicio. Para todo ello se requiere dinero, algo que últimamente escasea. En un verano reciente no se contaba con aire acondicionado en el edificio de Tijuana, y el pasado diciembre no se pagó en tiempo el aguinaldo a muchos de sus trabajadores, sólo por poner algunos ejemplos de la precariedad.

Dejando de lado el nuevo sistema penal, en Baja California la experiencia en justicia cotidiana, es decir, en juicios civiles, mercantiles y familiares, nos ha dejado ver que generalmente los casos tardan varios meses en resolverse, incluso años, y que en la gran mayoría de las ocasiones es el cúmulo de trabajo de los juzgados lo que no permite una mayor agilidad en los procesos.

Desde hace décadas se arrastra un rezago impresionante, en gran medida en relación directa con la falta de presupuesto. Cada vez son más los habitantes y lógicamente cada vez son más los conflictos legales que se generan, sin embargo, el número de juzgados vive una parálisis y rara vez aumenta. Hay áreas donde se ha aprendido a convivir con esta crisis, como la materia familiar, que se encuentra totalmente asfixiada en Tijuana.

El 18 de marzo el poder judicial suspendió muchas de sus actividades y desde entonces no han corrido términos en los juicios en curso de las citadas materias, sin embargo, por ende tampoco han avanzado los mismos. En teoría sus funcionarios siguen trabajando desde casa, precisamente abatiendo el rezago de acuerdos y sentencias pendientes de dictar, pero a nadie le consta que así sea, ni en qué medida. El resultado del aprovechamiento home-office será algo totalmente discrecional, y obedecerá al sentido de responsabilidad de cada juzgador y de su personal.

El sistema de justicia digital implementado hace apenas unos años todavía se encuentra trunco, y aún no ha sido adoptado ni siquiera por la totalidad de los tribunales locales, mucho menos por la comunidad de abogados litigantes; por ello no ha sido posible utilizar eficazmente esta herramienta para sobrellevar la situación. La solución para proteger la salud fue simplemente pausar la justicia, no hubo de otra. Desde la suspensión de actividades se suman ya alrededor de 100 días, y apenas recientemente se ha permitido a los litigantes presentar un bajísimo número de asuntos nuevos, más con el afán de darle margen de actividad a los abogados y justiciables que con una verdadera utilidad de tramitación.

El presupuesto apretado y el rezago procesal ya ahogaban al poder judicial desde antes del Covid-19, y ahora el panorama del servicio se ve todavía más complejo, puesto que en los próximos meses se prevé una avalancha de casos nuevos motivados por el incumplimiento de obligaciones de toda índole, debido precisamente a la caída económica propiciada por la pandemia.

Es el reto más grande que ha enfrentado nuestro sistema de impartición de justicia, que ante la crisis buscaría cuando menos conservar el nivel de producción y de atención que se tenía antes de la tragedia, teniendo que regresar a laborar en condiciones de mayor inseguridad sanitaria que cuando el Consejo de la Judicatura decidió suspender las actividades jurisdiccionales.