Por El Informante
El PAN también se prepara
En el PAN ya también les entró la necesidad de decir “seguimos con vida” y no quisieron quedarse atrás de Morena y su campaña adelantada rumbo al 2027, por lo que esta semana la dirigente estatal, Lizbeth Mata Lozano, ya dio a conocer los nombres de los apuntados.
Se trata de nombres conocidos en el ámbito político local, aunque también alguna novedad, pues si bien el PAN ha sido el partido de oposición con mayor actividad y voz desde la llegada de Morena al poder, sigue sin entusiasmar a nuevos perfiles o personajes interesantes.
Se trata de dos mujeres, dos excandidatos a la gubernatura y un empresario mexicalense. De entrada y como ya lo había anunciado, Margarita Flores, viuda del senador Gustavo Sánchez, optará por buscar la candidatura estatal, luego de que se planteó la posibilidad de ir por Mexicali.
La otra mujer es la diputada federal Eva María Vasquez, quien ha sido de las pocas panistas beneficiadas con un cargo público en lo que va del actual régimen morenista, pues ya fue diputada local y candidata a la alcaldía de Mexicali, la única ciudad en la que la conocen.
Héctor Osuna Jaime regresa al PAN luego de despotricar contra el partido que lo llevó a la alcaldía de Tijuana en los 90, partido que criticó severamente, especialmente cuando fue candidato a la alcaldía en 2016 por el extinto Partido de Baja California y la gubernatura en 2019 por Movimiento Ciudadano.
Ignacio Anaya Barriguete también ha sido ajonjolí de todos los moles, pues el primer tijuanense en escalar el monte Everest ya fue candidato por el Partido Verde a una senaduría en 2018 y por PBC a la gubernatura en 2019.
La novedad sería Mario García Franco, un empresario de Mexicali conocido por ser dueño de Papelera San Francisco, y sería la primera vez que compita en una elección. Así la caballada del PAN rumbo al precipicio que pareciera les espera, otra vez, en 2027.
Estado en conflicto
Desde las oficinas del quinto piso del CEN morenista en la Ciudad de México, los altos mandos del partido guinda empiezan a considerar a Baja California un foco casi rojo. La lectura oficial es que, pese a los múltiples problemas acumulados, el estado no debería representar un riesgo real en las urnas de junio de 2027, independientemente de quién logre la candidatura.
Según sus cálculos optimistas, el voto duro, la maquinaria y la debilidad relativa de la oposición todavía alcanzan, al menos en el papel. El verdadero problema, sin embargo, no está afuera. Está adentro. Las “tribus” morenistas en Baja California están más definidas y fracturadas que nunca y parecen irreconciliables. No se trata de diferencias programáticas ni de matices ideológico, sino de grupos realmente enfrentados. Hay aspirantes con números flojos que, por realismo, podrían aceptar a uno de los señalados.
Pero hay otros que, con la misma contundencia, no aceptarían al contrario, léase Julieta Ramírez e Ismael Burgueño, que se están dando hasta con la cubeta. El resultado es un empate negativo: nadie tiene fuerza suficiente para imponer, pero varios tienen capacidad suficiente para boicotear. Esa fractura explica, mejor que cualquier discurso, por qué Baja California no salió en la primera tanda de definiciones. Morena saltó de la A de Aguascalientes a la C de Campeche y Colima, y después se concentró en aquellos estados donde el riesgo ante la oposición no permitía dilaciones: Querétaro y Sinaloa. El mensaje fue claro. Hay estados que se pueden resolver con tiempo. Y hay estados que, por su nivel de conflicto interno, conviene posponer.
Baja California es considerado en México como un estado en conflicto. Un territorio donde las heridas locales nomás no cicatrizan, donde las derrotas se personalizan y donde la unidad se vuelve una consigna vacía. Mientras en otros estados el proceso de selección avanza con cierta disciplina, aquí la unidad es de dientes para afuera. El cálculo de la dirigencia nacional es comprensible: evitar una explosión prematura. Pero el riesgo de postergar es otro. Cada día que pasa sin definición, las tribus se atrincheran más, las negociaciones se endurecen y la percepción de debilidad crece.
El mismo Ricardo Monreal ya les dijo que se apuren, pues ve riesgosa tanta tardanza. La oposición, aunque dividida, observa con atención. No necesita ganar todavía; le basta con que Morena se desgaste sola. Baja California no es, por ahora, un estado perdido para el partido en el poder. Pero sí es un estado que exige una decisión que nadie quiere tomar todavía. El reloj de 2027 sigue corriendo y en Baja California no parece haber operación cicatriz a la vuelta de la esquina.
Emplazan a Julieta
Dos días. Eso es lo que le dio el Instituto Estatal Electoral de Baja California a la senadora con licencia Julieta Ramírez para retirar lonas, murales, bardas y toda la parafernalia visual con la que tapizó Baja California para promover su imagen. No es una resolución definitiva, que conste, aclaró el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Javier Bielma Sánchez. Son medidas cautelares. Pero el mensaje es nítido: el Instituto consideró que había elementos suficientes para ordenar el retiro inmediato tras la denuncia interpuesta por PAN. Vaya, tuvo que venir la oposición a denunciar ¿A poco no se habían dado cuenta?
La propaganda no es solo tinta y lona: es posicionamiento, recordatorio de nombre y, sobre todo, anticipo de lo que viene. Cuando una senadora con licencia —es decir, alguien que formalmente no está en campaña— satura el espacio público con su imagen, la línea entre “trabajo legislativo” y “precampaña anticipada” se vuelve muy borrosa, casi imperceptible. Y cuando además aparecen rostros de menores en esas imágenes y videos, la cuestión deja de ser solo electoral y se vuelve de cuidado. El IEEBC actuó con la cautela que le exige la ley: no condenó de antemano, pero sí impuso el retiro y la censura de los menores. Es el equilibrio elemental.
El PAN, por su parte, hizo lo que cualquier oposición haría: denunciar lo que considera ventaja indebida. Hasta aquí, el sistema funcionó como está diseñado. Pero claro, habrá quienes digan, ya para qué, pues la propaganda de la Julietona lleva meses saturando el estado. Las medidas cautelares llegan tarde para quienes ya vieron el rostro de la senadora en la barda de la esquina durante semanas. Retirar la propaganda no borra el recuerdo. Julieta Ramírez tiene ahora un margen estrecho para cumplir. Si lo hace limpio y rápido, el tema puede diluirse. Si resiste o minimiza, el costo político crece. En cualquier caso, a estas alturas del juego la percepción de impunidad pesa más que cualquier resolución técnica.
Ooootra de la Patrulla Espiritual
Lo que empezó como un fenómeno de redes, con videos en TikTok de los “tazos dorados” rescatados a la fuerza de las garras de la adicción, ya no es inocente ni es un chiste de TikTok. La Patrulla Espiritual se está convirtiendo en un problema de seguridad y para muestra lo sucedido la noche del domingo 30 de agosto en Rosarito. En el edificio Guillermo Castro Corona, de la calle Luis de la Rosa, en la colonia Ampliación Benito Juárez, Jesús Ignacio Osuna, “Chikilín”, llamó a sus “refuerzos” para enfrentarse a los diez policías municipales que resguardaban el inmueble.
Más de cincuenta simpatizantes se presentaron, amedrentaron a la policía y convirtieron el lugar en escenario de un amotinamiento. No fue una protesta espontánea ni un reclamo ciudadano. Fue una demostración de fuerza bruta y aquí mis chicharrones truenan. Los esbirros del chiquilín golpearon al comunicador Alberto Madero como medida de presión para que la policía dejara de proteger a Roberto Ramírez, quien llevaba más de cuatro horas resguardado en la Dirección de la Policía de Playas de Rosarito.
La alcaldesa Rocío Adame lo resumió con claridad: fue una “falta de respeto a la autoridad”. Y tiene razón. Cuando un grupo organizado reúne más gente que los elementos policiales presentes y usa la violencia para imponer su voluntad, el mensaje es inequívoco: aquí mandamos nosotros. El dato preocupante no es solo la agresión a un comunicador ni el intento de arrancar la protección a otro. Es la capacidad de convocatoria y la disposición a confrontar directamente a las instituciones con la ley del puño.
Lo que se vende como “patrulla espiritual” o movimiento ciudadano empieza a operar con lógica de grupo mafioso de presión callejera. Y cuando esos grupos descubren que pueden doblar la mano de la autoridad en una noche, el siguiente paso suele ser más grave. Baja California ya carga con suficientes dilemas de seguridad como para sumar uno nuevo nacido de las redes y alimentado por la impunidad percibida.
Permitir que una agrupación amedrente a la policía dentro de sus propias instalaciones y agreda impunemente a quien se le ponga enfrente, es una puerta abierta a que cualquier colectivo con suficiente número se sienta con derecho a imponer condiciones. La autoridad tiene ahora una prueba concreta. No basta con calificar el hecho de falta de respeto. Hace falta investigar, sancionar y dejar claro que la fuerza pública no negocia bajo presión de turba.
