El “Matrimonio homosexual” no es un derecho (Parte 2)

Por Manuel Alejandro Flores

Dando continuidad a la columna de hace quince días, comparto la conclusión de este análisis del Frente Nacional por la Familia en cuanto a la invención de derechos:

….En cambio, lo contrario, sí resulta desproporcional.

Es desproporcional, irracional y subjetivo, modificar la institución del matrimonio, en su elemento Esencial, Definitorio, y Distintivo de otro tipo de contratos, ya que en realidad se crea una nueva figura, con el mismo nombre.

Insistimos, al afectar el núcleo esencial del matrimonio, que es la perpetuación de la especie,  se desdibuja, se difumina la institución, por lo que en realidad resulta sólo una ilusión de igualdad de derechos, ya que las personas del mismo sexo accederán a un contrato que tiene un mismo nombre, pero con un contenido diferente, por lo que ya no se trata de lo mismo.

En cambio, esto resultará en una violación que sí es desproporcional, sobre todo porque con ello se dejará de garantizar el derecho humano de los niños a tener un padre y una madre.

Así, regular el matrimonio como la unión de dos personas para realizar la comunidad de vida, no lo distingue de cualquier otra forma de asociación o sociedad, si bien en la iniciativa local le agregaron: en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, mediante la cohabitación doméstica y sexual; esto último no lo hace muy diferente al concubinato, que pretende dar una cierta protección legal a las personas que cohabitan.

Reiteramos que es desproporcional porque al desdibujar la institución del matrimonio para darles cabida a personas que no reúnen las condiciones o requisitos que la hipótesis legal plantea, deja sin una figura jurídica específica a la cual puedan acogerse las parejas heterosexuales que deseen una garantía legal plena de su intención procreativa.

De hecho, el matrimonio está tan meticulosamente regulado por la importancia del valor que protege: la familia, la conservación de la especie humana, finalidad axiológica que no se hace referencia en la iniciativa, pese a su enorme trascendencia; ya que al valor que se le concede primacía es a la libre voluntad, a la autonomía de las personas, dejando de lado el bien común.

Lo que prohíbe el artículo primero constitucional es la discriminación arbitraria e injustificada, lo cual no acontece.

En relación al punto 2, relativo al argumento en el que se invoca la obligación del Estado de acatar disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y documentos internacionales, cabe recordar que el Estado de Baja California es Libre y Soberano, y que el Congreso del Estado es un órgano Autónomo y Soberano, que no está obligado a acatar jurisprudencias de la Corte, ya que éstas imperan en la materia jurisdiccional como criterios de resolución de controversias de esa índole, la Corte no es el poder constituyente; y los Principios de Yogjakarta que mencionan como fundamento, no son un tratado internacional, de cumplimiento obligatorio para México, se trata de un documento elaborado por particulares, como en la misma iniciativa se menciona, no firmado por funcionarios o representantes de los países, por lo que se aparta de la verdad la iniciativa cuando dice que son “principios legales” que deben acatarse. Además de que, pese a la globalización, todavía rige el perene principio de la auto determinación de los pueblos, máxime cuando el socorrido derecho humano al “libre desarrollo de la personalidad”, no se encuentra plasmado en ningún tratado internacional sino que es de confección interpretativa.

En síntesis, las iniciativas sólo contienen argumentos de “autoridad”, declaraciones dogmáticas, positivistas, olvidando que el Derecho no sólo está constituido por elementos formales (recordemos que el holocausto judío fue legal …aunque injusto y reprobable), el Derecho lo conforman y debe ir de la mano también de la dimensión social y la valoral, la axiológica, sin que se observe que se hayan hecho reflexiones sobre estos tópicos en las iniciativas, mucho menos sondeos, encuestas, o consultas, o ninguna forma de socializarlas, salvo el Foro de la diversidad sexual que se llevó a cabo en el Congreso, sin convocar a otras voces, como es propio de los organismos plurales.

Recordemos que en México la soberanía reside en el Pueblo, de acuerdo al artículo 39 Constitucional, el cual lo ejerce mediante la elección periódica de sus representantes, es del pueblo donde deben emanar las leyes que lo rigen, y no de la voluntad de unas cuantas personas no electas por el Pueblo, como son los ministros de la Corte, o los organismos internacionales conformados por civiles.

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