El derecho a la protección de la salud en tiempos de Covid-19 (Parte 2)

Por Noé López Zúñiga

Continuación del artículo publicado en la edición 546 de Infobaja

Ahora bien, mucho se ha discutido el tema de la poca o disminuida severidad que se ha tomado en nuestro estado para hacer efectivo el resguardo domiciliario o el distanciamiento social, e inclusive el tema de la suspensión de actividades económicas no esenciales, etc., y por lo mismo protegernos a todos de un contagio. Se ve claro que en la realidad debido a las facultades conferidas a los estados de la república, cada gobierno local toma decisiones y hace ponderaciones en el que se valora la vida, la salud y la economía, esto es, el bienestar material. Sin embargo, la toma de decisiones debe estar sustentada en evidencia científica, y con una razonabilidad y proporcionalidad, a fin de que las decisiones no sean arbitrarias.

Sin entrar en detalles sobre ello, es evidente que en Baja California, se ha realizado una ponderación más o menos razonada y equilibrada, supongo y quiero pensarlo, así ha sido debido a conocimiento científico y experiencia respecto el número de camas y personal hospitalario existente y el análisis del crecimiento exponencial de enfermos o contagiados por Covid-19, y que se puede dar o generar en esta fase tres de la epidemia y ojalá se esté tomando en consideración también el contexto de la salud pública en el que nos encontrábamos al momento de que llegó a la región el virus, ya que por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológicas (SINAVE, 2018) las primeras causas de morbilidad en nuestro estado son las infecciones respiratorias agudas, enfermedades e infecciones diarreicas, la obesidad, la hipertensión arterial y diabetes, entre otras. Según este registro en Baja California, existen 576,213 casos de infecciones respiratorias agudas, 156,903 Infecciones intestinales, 104,887 Infecciones urinarias y 33,110 en obesidad, por citar algunos.

Como se lee, la morbilidad en nuestro estado, se inclina hacia enfermos con infecciones respiratorias agudas, situación que es preocupante y que se debe considerar para su análisis en esta epidemia y así establecer medidas preventivas indispensables para atender la emergencia sanitaria de forma razonada; así como la ponderación de valores y derechos sustantivos o fundamentales, como la restricción o no de la movilidad y el libre tránsito, la reunión, y las suspensión de la relaciones laborales y el ejercicio pleno del comercio considerado no esencial, todo esto en el marco de la propia constitución y leyes reglamentarias aplicables. Posiblemente, esto último es lo que más cuesta políticamente hablando, ya que implica según las decisiones del poder, restringir o abrir libertades ciudadanas. No obstante reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero de nuestra Constitución, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma ley fundamental establece, como lo es el caso de una epidemia como la que estamos viviendo.

La ciudadanía, debemos considerar y valorar con plena conciencia que por lo menos los que tienen un empleo formal, que gozan de una nómina, que tienen fondos suficientes para subsistir, están viviendo una pandemia con un acuerdo de emergencia sanitaria en el que se permite el ejercicio de derechos y libertades, algunos los ejercen con responsabilidad cívica admirable y otros no tanto. Lamentablemente en una emergencia sanitaria, hay profesiones, oficios y trabajos que no descansan, que no paran, es más, se vuelven más indispensables que nunca; por lo que día a día arriesgan sus propias vidas por servir a los demás, tal es el caso de los periodistas, de los comunicólogos, los profesionales de la salud, los oficiales de seguridad pública y privada, los independientes, los trabajadores burócratas de servicios públicos de calle y los relacionados con los programas sociales y de bienestar, los trabajadores que realizan actividades esenciales y un largo etcétera; aunado a todos estos, existen muchos otros considerados los más desprotegidos, los olvidados, los pobres, y los excluidos de la nómina y de la seguridad y previsión social formal, esos millones de personas que están en el trabajo y en el comercio informal y que se ven obligados a salir a la calle a buscar un modo de subsistencia: “por algo que comprar para vender y llevar algo con que comer a su familia”, con todos los riesgos que esto conlleva en plena emergencia sanitaria, y que no pueden autoprotegerse autoaislandose debido a su precaria economía. Por lo mismo, los que sí pueden, los formalmente protegidos es moralmente obligatorio sigan en el autoresguardo domiciliario o autoaislamiento social, y consideremos humanamente al que no lo puede hacer por necesidad y/o por la naturaleza de su profesión.

Reconozcamos a las autoridades sanitarias que nos han dado un voto de confianza, al no restringir de forma severa y contundente nuestras libertades, pero sin perder de vista el derecho de exigirles, por ejemplo, cumplan con la reconversión y expansión hospitalaria para atender enfermos de Covid-19, según lo establecido por las autoridades sanitarias federales, e inclúyase los ventiladores mecánicos, insumos, material médico y la contratación de personal de salud suficiente para atender dignamente a los enfermos.

Dedico este artículo a mi amigo Moisés Márquez, quien dejó de existir y quien hace más de seis años me dio la oportunidad de publicar de forma incondicional sin restricción alguna en este espacio editorial. Moisés: quedó pendiente me contestaras una llamada telefónica, en ese momento ignoraba que estuvieras en tu propia y más importante lucha: tú vida. Quedas en mi pensamiento como un ser humano moralmente bueno y materialmente útil, que serviste a la sociedad bajacaliforniana con profesionalismo y valores éticos.