El derecho a la protección de la salud en tiempos de Covid-19 (Parte 1)

Por Noé López Zúñiga

Dedico este artículo a mi amigo Moisés Márquez, quien dejó de existir y quien hace más de seis años me dio la oportunidad de publicar de forma incondicional sin restricción alguna en este espacio editorial. Moisés: quedó pendiente me contestaras una llamada telefónica, en ese momento ignoraba que estuvieras en tu propia y más importante lucha: tú vida. Quedas en mi pensamiento como un ser humano moralmente bueno y materialmente útil, que serviste a la sociedad bajacaliforniana con profesionalismo y valores éticos.

Sin duda la salud es uno de los valores más preciados de la humanidad, pues la salud es bienestar y por lo mismo representa en los sistemas jurídicos contemporáneos uno de los derechos fundamentales más exigidos por la ciudadanía.

En México este derecho humano está previsto en el párrafo cuatro del art. 4º. de la Constitución General, pero lamentablemente en caso de una pandemia como la que estamos viviendo, la protección a la salud queda muy arbitrariamente de quien trae el virus y de quien se puede contagiar; esto a pesar del gran esfuerzo que el gobierno hace por informar de esta nueva enfermedad y en lo particular por el trabajo del sector salud que hace día a día por atender nuevos contagiados y enfermos de este terrible virus.

Dentro del orden constitucional, existen dispositivos que se activan para que en caso de una epidemia o enfermedad grave, las autoridades sanitarias procedan a dictar inmediatamente medidas preventivas tendientes a controlar o mitigar la enfermedad, evitando en lo mayor de lo posible la propagación masiva de la enfermedad. El Consejo de Salubridad General, es una de esas autoridades sanitarias, de las más importantes del país, data de 1841 y fue la primera autoridad rectora de la medicina en México, ya después el constituyente de 1917 formaliza sus facultades en la fracción XVI base 1º del art. 73 de nuestra Constitución, y en la que se le faculta a emitir disposiciones de orden general y de observancia obligatoria encaminadas a proteger la salud y muy en lo particular, su intervención en caso de una calamidad o epidemia como en la que nos encontramos.

En razón de esta facultad constitucional, la ley general de salud, le otorga funciones consultivas, normativas y ejecutivas, por lo tanto, este consejo el 23 de marzo ha acordado en principio considerar al virus SARS-CoV2 como una nueva enfermedad llamada Covid-19, letalmente grave debido a su fácil contagio,  y prioritaria para atender; en segundo término, y lo más importante debido a las condiciones propias de nuestro país y por la trascendencia política, jurídica y económica que esto implica, emitió con fecha 30 de marzo acuerdo por el que se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el virus antes descrito.

Como consecuencia de esta declaratoria, la Secretaria de Salud, también autoridad sanitaria, al día siguiente, es decir, el 31 de marzo emite acuerdo por el que establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus que los sectores público, social y privado deben implementar; entre estas medidas están la de suspender actividades económicas y sociales consideradas como no esenciales, y la suspensión de reuniones mayores a 50 personas y conglomeraciones, etc. y así evitar más contagios, surgiendo así los programas preventivos como: “quédate en casa” y el del distanciamiento social.

Desde ese contexto, la ciudadanía debemos cuestionarnos ¿Qué implica vivir una pandemia con una declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor? ¿Qué connotaciones tiene y que trascendencia jurídica tienen las medidas preventivas dictadas?

En México la pandemia ha tenido un comportamiento distinto en cada región, estado e inclusive varía de municipio a municipio de un estado, esto es debido a la idiosincrasia, cultura, poder adquisitivo, salud pública preexistente e intervención gubernamental a través de programas sociales y de bienestar de cada lugar. Así, el trato y control de esta nueva enfermedad es sustancialmente diferente, por lo mismo el orden jurídico sanitario deja a cada estado de la república y atendiendo a los parámetros dictados o recomendados tanto por el Consejo de Salubridad General  y la Secretaria de Salud, tomar las medidas y control dentro de sus jurisdicciones territoriales, para controlar la epidemia  y proteger la salud de sus gobernados.

(Continuará la próxima semana)