El derecho a la movilidad

20 millones 838 mil 108 personas tienen algún tipo de discapacidad en México. Fotografía: Martín Méndez Pineda

Por Ilse Casillas

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) señala que las personas con discapacidad son “aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, estas puedan impedir su plena y efectiva participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, y reconoce cuatro tipos de discapacidad: la física, mental, intelectual y sensorial.

Por su parte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) clasifica en cuatro grupos las causas principales de la discapacidad: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada.

De acuerdo con datos obtenidos en el Censo 2020, el Inegi menciona que 20 millones 838 mil 108 personas tienen algún tipo de discapacidad en el país, cifra que representa el 16.5 por ciento de la población de México.

A su vez, el Diagnóstico Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 del Gobierno del Estado de Baja California, arrojó que las personas con discapacidad representan el 2.8 por ciento de la población de la entidad, con casi la mitad de ellas concentradas en Tijuana (46.6%), le siguen Mexicali (31.7%), Ensenada (15.2%), Playas de Rosarito (2.9) y Tecate (3.5).

Estas limitantes de actividad se presentan en los siguientes porcentajes: caminar o moverse, un 58%, ver con un 24.8%, mental con el 11.6%, discapacidad auditiva 9.5%, hablar o comunicarse 8.4%, atender el cuidado personal 5.3% y dificultad para aprender o poner atención 4.3%.

Estas cifras fueron recopiladas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) que en enero del 2018 emitió la Recomendación General 3/2017 y la Recomendación 12/2017 por violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad. “El Estado debe proveer los servicios, como el transporte público, e instalaciones físicas necesarias para asegurar el goce de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, incluido desde luego el derecho humano a la accesibilidad, situación que no acontece en el Estado de Baja California, circunstancia que deriva en hechos discriminatorios que los colocan en mayor estado de vulnerabilidad frente a los demás”, detalló la CEDHBC.

Por lo que, la Comisión estimó que sin el acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, “las personas con discapacidad no tendrán iguales oportunidades de participar en la vida social”.

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