El derecho a la educación

Por Wilfrido Ruiz Sainz

La educación en México ocupa un rango constitucional que de acuerdo con el Artículo 3º del Código Político Fundamental, se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación en los diversos niveles del sistema escolar. El Estado Mexicano garantiza la calidad de la educación así como la libertad de creencias y se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orienta la educación se basará en los resultados del progreso científico y luchará contra la ignorancia, los fanatismos y los perjuicios. Por otra parte y en cuanto al reconocimiento de los estudios superiores, el Artículo 3º Fracción IV, nos indica que: “Toda educación será gratuita.” En cuanto a las universidades privadas, la Fracción VI del apartado constitucional en comento reza: “Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios  que se realicen en los planteles particulares”.

Ahora bien, la citación constitucional se debe al hecho de que las universidades no están facultadas para validar y reconocer oficialmente los estudios que realizan los estudiantes, esto es así ya que la expedición de títulos profesionales compete exclusivamente a la Federación, es decir, es una potestad privativa de la Secretaría de Educación Pública Federal. Realmente estamos ante una lamentable centralización cuya instancia competente para otorgar dicho reconocimiento se encuentra copado y rebasado por los miles de trámites y solicitudes que anualmente se registran para obtener tanto los títulos profesionales como las cédulas federales. Se trata de un retraso perjudicial y lastimoso en detrimento de los estudiantes que hayan concluido y acreditado sus estudios superiores ante las propias instancias universitarias. Esta realidad que implica un retraso inconfesable en la expedición de títulos profesionales y cédulas, constituye una verdadera inhibición para que los estudiantes egresados puedan ejercer su profesión.

Lo expresado con antelación tiene una justificación personal y proviene de una experiencia en mi familia. En efecto, mi esposa cursó la Licenciatura en Psicología en una universidad privada que la tuvo atada a los libros y estudios pertinentes durante 10 cuatrimestres, con un módico costo total de 125 mil moneda nacional. Desde la fecha de terminación de los créditos correspondientes a su carrera, han pasado dos años y hasta la fecha lo único que ha recibido de la Dirección de la Institución, es una Constancia de Terminación de Estudios. ¡Oficialmente NO puede ejercer!

Esta lamentable realidad obstruye y frena torpemente la posibilidad para que profesionistas puedan ejercer sus respectivas profesiones. Son simples pasantes en sus respectivas carreras. No pueden actuar con la oficialidad ni con la certidumbre que proviene del Título y la cédula. Por ello, considero justificadamente que se coarta, se cohíbe y se impide el libre ejercicio de la profesión y todo ello debido al tortuguismo oficialista y a reglas anacrónicas que atentan contra la libertad. En efecto, el Artículo 5º de la Constitución Federal reza: “A ninguna persona podrá impedirse a que se dedique a la profesión que le acomode, siendo lícita. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial…”. Una situación insoportable, inaudita y totalmente inaceptable. La presente columna dedicada a mi amada heroína, mi esposa: Paciencia, ¡2 años y contando!

 

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