El buen juez por su casa empieza

Por Óscar Díaz

De vuelta a la acción, a la redacción, a la opinión y al análisis; les confieso que extrañe mucho escribir. Tengo un enorme agradecimiento con todo el equipo de Infobaja por permitirme y extenderme este espacio desde hace ya varios años atrás, siempre me han hecho sentir como en casa, mil gracias por eso.

Desde hace algunas semanas se ha difundido con mayor fuerza en medios de comunicación y en portales locales la noticia de una especie de “fraude judicial” -por así llamarle- sin precedentes, impulsado sorprendentemente por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) cuando era dirigido por David Penchyna, y que dicho fraude fue solapado además por distintos miembros del Poder Judicial de Baja California, entre otros pertenecientes a diferentes entidades del país.

En Tijuana se hace un señalamiento muy particular a la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil con sede en la ciudad, María del Rosario Plasencia Ibarra, a quien se le atribuye haber substanciado un procedimiento legal de jurisdicción voluntaria mediante el cual le permitió al Infonavit formalizar ciertas acciones y cosechar ventajas jurídicas y resultados que realmente no debería de haber obtenido a través de un procedimiento de esa naturaleza, de forma unilateral y a espaldas de los derecho habientes que tenían un crédito atrasado con el organismo. Se dice que con éste tipo de malas prácticas el Instituto se “ahorró” alrededor de 10 mil procesos judiciales, en los que dejó de demandar a un número igual de deudores, evitando así promover juicios hipotecarios -como debería de suceder normalmente en estos casos-, y en su lugar implementó esta infame estrategia que se presume fuera de toda ley aplicable.

La noticia retumbó y por lo mismo parece relativamente nueva, pero la verdad es que desde el año 2016 existen amplios reportajes de varios medios de comunicación que ya venían haciendo hincapié en esta historia. Ya desde entonces se aseguraba que el Infonavit ofreció a Notarios locales una suma importante de dinero por participar en un procedimiento así, y que ante su rechazo el Instituto recurrió por algún motivo a un Notario de Texcoco, en el Estado de México, donde encontró eco para llevar a cabo el trámite de su interés.

Entre los esfuerzos por combatir el procedimiento tildado de fraudulento han quedado registradas las declaraciones públicas y las diversas extrañezas manifestadas en su momento por el entonces presidente del Colegio de Notarios de Baja California, Diego Monsiváis, y por varios de sus miembros, quienes han declarado una y otra vez su rechazo a esas prácticas notariales y judiciales.

Gracias a la relevancia del tema el Consejo de la Judicatura del Estado ya está revisando el caso particular en una investigación iniciada aparentemente de oficio, misma que puede traer consigo distintas consecuencias según sea el caso de las malas prácticas judiciales que logren identificarse, ya sea por acción o por omisión, si es que en efecto las hubo, y según el grado de participación de los involucrados.

Esta es una prueba de fuego para el Consejo de la Judicatura porque ahora es su actuar el que será juzgado por la opinión pública. ¿Manejarán el tema con transparencia o con la opacidad tradicional que rodea al poder judicial?, ¿comunicarán avances o esperarán a que el tema se debilite?, ¿solo “investigaran” o tomaran acciones de ser el caso? El buen juez por su casa empieza, y resulta que la casa del PJBC ya está muy sucia, creo que sería bueno aprovechar la oportunidad y empezarla a limpiar.