El acoso laboral y comercial contra el periodismo

Autor: Noé López Zúñiga

Ninguna libertad es absoluta e irrestricta, sin embargo, también es cierto que no se debe permitir que las libertades clásicas sufran híper-limites o extra-condiciones legales que las hagan imposible al grado que los ciudadanos estén impedidos llevar a cabo su ejercicio pleno.

 

Es decir, como lo asentó Luis Recaséns Siches: «No debe haber libertad contra libertad.» «No se debe ejercer la libertad para destruir la libertad.» Las libertades clásicas, entre las que se destaca la libertad de expresión y de imprenta, se encuentran siempre en crisis, pues  en el espacio político, estas libertades, suelen restringirse, coartando así nuestro derecho a estar informados, y esto sucede muy a pesar de que ambas libertades se encuentran constitucionalizadas en los artículos 6 y 7 de la Constitución General.

El artículo 7 prevé la libertad de imprenta, y por tanto se protege a las personas físicas y morales a manifestar sus ideas por medios gráficos o escritos y ahora con las reformas de 2013, inclusive por cualquier otro medio o tecnología. Así, la autoridad de cualquier nivel que sea, no podrá restringir, coartar o censurar la difusión de las opiniones e información que se comuniquen por cualquier medio.

Ahora bien, a pesar de lo constitucionalmente descrito, tanto en el centro de la república como en el Norte, se está viviendo una crisis muy severa en torno a estas dos libertades, pues por una parte, el noticiero Primera Emisión que dirigía Carmen Aristegui, fue acosado laboralmente, por la compañía MVS operadora comercial de dicho noticiero, y quien decidió despedir a dos colaboradores reporteros de la periodista citada, esto con la intención de amedrentar y coartar de manera indirecta el desarrollo del periodismo de investigación que generó una serie de encádalos en el mundo de la política, pero sobre todo, descubrió la corrupción arraigada en el poder público.

En un segundo caso, en Baja California, el día viernes 13 de marzo se publicó en el periódico Frontera, por parte del Ejecutivo del Estado y de los cinco municipios, un comunicado donde acuerdan «todos» retirar o cancelar por motivos de supuesta extorción, las relaciones comerciales con la empresa Impresora y Editorial S.A. de C.V., Grupo Healy, quien opera comercialmente al periódico Frontera y otros, lo que implica que toda la propaganda gubernamental, impresa o electrónicamente, quede fuera de dicho medio o compañía.

No se sabe mucho de la supuesta extorción, pero lo que sí es evidente es que el Poder Ejecutivo, se encuentra de forma indirecta, coartando la libertad de expresión y de imprenta, pues el hecho de presionar comercialmente y laboralmente a un medio de comunicación, implica desalentar el periodismo, y esto conlleva a que los ciudadanos no tengamos acceso objetivo, y veraz a la libertad de buscar y recibir información (informar y ser informados), y a la libertad de opinión y de difundir sin limitación alguna, por cualquier medio de expresión, las ideas, los pensamientos, y la información.

Si existe extorsión, como lo asienta el gobierno, este debe actuar en consecuencia, pero no a través de la presión o acoso comercial, sino a través de las instancias legales correspondientes, pues de lo contrario, se auspicia una política autoritaria (casi dictatorial), que establece híper-límites o extra-condiciones al ejercicio periodístico, etcétera.  


*El autor es profesor investigador, Facultad de Derecho Tijuana, UABC.