Duración de Gobierno

Por Carlos Murguía Mejía

El ciudadano desde hace muchos años conoce la palabra democracia y está muy familiarizado con ella. Entiende que en una elección el contendiente gana o pierde con votos. El trazo de una cruz sobre una papeleta es parte de la democracia; empero, no el único ya que existen otros elementos propios de la misma que vale la pena resaltar: La Constitución General de la República, las Leyes Electorales, los Consejos Electorales, INE y etc., etc., así como todas aquellas instancias que regulan de forma y de fondo un comicio electoral. Trataré de ser claro en mi modesto ensayo y parto de las siguientes premisas: La Constitución General de la República se divide en dos grandes rubros que son: Garantías Individuales y Derechos Humanos y Forma de Gobierno.

Pues bien, la Constitución es la Ley Sustantiva y la Ley Electoral la adjetiva, la primera ve el fondo y la segunda la forma. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado de la Constitución en favor del gobernado? Que la forma de gobierno sea republicana representativa y popular y que, por supuesto, el término de duración de un gobernante se cumpla en los términos que esta señale, y las leyes de orden electoral regularán: asociaciones políticas, partidos, prerrogativas, recursos económicos, candidatos independientes, recursos electorales, etc. Por supuesto, siempre en concordancia legal y constitucional con el documento rector que es la Constitución General de la República.

En Baja California, el debate consistente si debe y puede reformarse la Constitución local para que se amplíe el término de duración de Gobernador o se quede a dos años. Argumentan los que están a favor de dos años, que Constitucionalmente no se puede y señalan un término de noventa días que debió haberse hecho hasta antes del inicio de la etapa electoral. Pues bien, yo pregunto, y si se amplía el término ¿qué pasa?… ¿Existiría alguna lesión constitucional en agravio del pueblo?… ¡Pues no hombre!, claro que no.

Ya que la Ley Electoral prevé todo y el término de duración de un gobernante está en la Constitución; es más, la certidumbre en el derecho y la certeza del gobernado deberá ser una constante y no una excepción. Anclarse en un dispositivo de apariencia inamovible, es otorgarle incertidumbre a un Plan Estatal de Desarrollo, a una repetición de recursos económicos que no tenemos y particularmente cumplir egos personales y además, en un claro perjuicio para el Estado al estar inmersos en políticas partidarias y no en las públicas que son prioridad para Baja California.

A los contendientes a la gubernatura del Estado de Baja California, les conviene la ampliación ya que, estarían en la posibilidad de cinco o seis años a dos de gobernar; luego entonces, una reforma permitiendo la ampliación no lesiona a nadie puesto que, todos los elementos adjetivos de la Ley Electoral quedan intocados. Ahora bien, si a alguno de los aspirantes no les conviene la ampliación de cinco o seis años y prefiere la de dos, pues mala suerte. Reitero la pregunta: que alguien me conteste el daño, lesión constitucional o procedimental en agravio del ciudadano si se reforma la Constitución para llevar a cabo la ampliación. Por último, hay un axioma de orden jurídico y que aplica para el poder Ejecutivo y Legislativo consistente en: ¿Que no el Estado mexicano podrá tomar las medidas conducentes y necesarias para mejor proveer?