Por Manuel Rodríguez Monárrez
En este gobierno municipal se está dejando que todo caduque, los puentes peatonales y los vehiculares se están cayendo a pedazos, la estructura vial y el poco equipamiento urbano de Tijuana está todo fisurado y el mantenimiento que se le deja de dar, provoca sorpresivos desastres cuando pedazos de barda caen sobre carros y transeúntes o nuevos hundimientos provocan fatalidades y descomposturas mecánicas. En el Comité de Adquisiciones de Tijuana, el poder tras el trono, están cediendo los servicios a postores a modo, ni siquiera a los mejores. Entregan las ruinas de una ciudad abandonada.
Como representantes ciudadanos algunos estamos convencidos de que no venimos a ser testigos sociales del desmantelamiento del Ayuntamiento, queda claro que hay recursos suficientes para brindar servicios constitucionales de forma directa a la ciudadanía. Con el impuesto al alumbrado público al doble hoy hay más lámparas descompuestas que nunca. Con el incremento del impuesto predial en promedio del 50% hay peores vialidades que nunca. Con la contratación de empresas privadas de outsourcing para atraer policías de fuera, seguimos careciendo de elementos suficientes y la inseguridad que se vive es alarmante.
Con la adjudicación de camiones rentados a empresas fantasmas seguimos sin estabilizar el servicio de limpia y la empresa que se la amplió el manejo de relleno sigue manteniendo pepenadores en condiciones infrahumanas aunque esté prohibido por la ley. Con la contratación de una empresa para recuperación de cartera del predial seguimos dilapidando recursos que pudieran ser destinados a más y mejores servicios en general y desviando dinero que va a parar a las campañas políticas de actuales y próximos candidatos a la alcaldía que lo único que buscan es perpetuarse en un sistema corrupto.
El que derrumbó las casas del Rubí, no fue Melo, fue el sistema de impunidad que el grupo en el poder ha confeccionado para proteger a empresas como Melo. Pero no se dan cuenta que sepultando los dictámenes técnicos, legales y administrativos, demuestran que si están dispuestos a proteger a una empresa corrupta, pero no están dispuestos a gobernar para sus propios ciudadanos.
El Ayuntamiento de Tijuana está centrifugando los recursos públicos municipales. El desmantelamiento ha sido lento, trienio tras trienio, pero en esté la fuga se ha acelerado. El artículo 134 de la Constitución marca ciertos principios que deben regir la visión de la administración pública en general y me refiero a los elementos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Al fin la semana pasada compareció el tesorero municipal en la glosa casi tres meses después del informe que rindió el Presidente Municipal y después de escucharlo justificarse con salidas absurdas en casi todos los cuestionamientos que hicimos los regidores de distintas fracciones políticas queda claro que la rendición de cuentas no existe en este gobierno.
El año pasado propuse al Cabildo reformar el artículo 16 fracción X del reglamento de la Administración Pública Municipal para obligar a que el nombramiento del próximo tesorero pase por terna ante el Cabildo previa propuesta de distintos perfiles por parte del presidente para así poder al menos tener ciertas garantías de que personas con visión de política financiera, probada honestidad, rectitud en el manejo de los dineros públicos y compromiso con la transparencia, sea quien se encargue de darle viabilidad financiera a los servicios públicos y al aparato gubernamental de una ciudad que requiere y le urge visión de futuro. Parte del cuestionamiento que le hice al señor Chavarría fue referente a una empresa de nombre Core a través de la cual se están desviando recursos públicos para favorecer al Partido Acción Nacional. El expediente de este caso es motivo de una auditoría inmediata que estoy solicitando al Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California, que hasta el momento ha sido omiso en “requisitar” las cuentas públicas y la forma en cómo están procediendo en ésta administración municipal pasando por encima de reglamentos, leyes y de la Constitución Federal.
