Democracia convulsionada

Por Manuel Rodríguez Monárrez

¿Por qué quieren entregar a privados nuestros recursos naturales? El gobierno federal se empeña en entregar los hidrocarburos y el gobierno estatal el vital líquido.

Los días siguen pasando y la situación cada vez se torna más crítica, desde inicios del 2017 despertamos a una nueva realidad en México y en Baja California, el descontento social no cesa y en todo el país miles de manifestantes han venido tomando calles, edificios e instalaciones de gobierno. La insatisfacción sigue siendo para la autoridad un caso serio por el nivel tan generalizado de desobediencia civil que ha rayado en la anarquía como es el caso de la Aduana y las casetas de cobro en Tijuana.

La cosa se salió de control cuando la clase media mexicana, gente preparada para obedecer la ley, se sumó al desacato y un manifestante en Rosarito arremetió con su vehículo a un grupo de granaderos. Esto que vive hoy, Tijuana y Mexicali es lo mismo que vivieron hace dos años los jornaleros de San Quintín: represión pura.

En Baja California el mito de la desalación fue el pretexto para enajenar un bien público con el consecuente impacto negativo de la privatización: el cargo a los usuarios por la inversión.

El agua en esta región es un asunto de Seguridad Nacional no es un negocio de los amigos de los funcionarios. Parece que la única misión de algunos en el gobierno es enriquecerse.

Con tanta lluvia por lo menos los bajacalifornianos podemos estar seguros que no habrá escasez de agua en 2017, así que fácilmente podemos iniciar un diálogo abierto con la ciudadanía. Estoy seguro que juntos encontraremos una solución más sustentable y que no implique comprometer nuestro futuro.

La satisfacción y garantía del derecho humano al agua impone importantes retos para Baja California, por lo cual la Ley del Agua debe ser construida con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y proporcionando la protección más amplia a todas las personas, debe construirse una verdadera iniciativa ciudadana de Ley, en cuya elaboración participen académicos, investigadores, especialistas, junto con comunidades y comités de usuarios; y que Usted Sr. Gobernador que ha presentado su iniciativa también participe.

Queremos que en nuestro Estado, todos y todas tengan acceso suficiente a agua de calidad para beber, para el saneamiento personal, para la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal, de acuerdo con los estándares que marcan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. En Tijuana por ejemplo cerca del 96% del agua residual es vertida al Océano Pacífico con el nulo aprovechamiento y la consecuente contaminación del entorno.

Aplaudo la decisión de abrogar la Ley del Agua y como una contrapropuesta, debemos retomar el impulso al tratamiento de aguas, como lo había proyectado el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, ya que reduce el costo para los usuarios.

La ley aprobada en diciembre, tenía como intención entregar contratos a particulares para la producción y distribución del recurso a los hogares, además de exportarla hacia Estados Unidos, mediante la construcción de desaladoras en el estado, la de San Quintín de inversión privada ya está en funcionamiento y la de Ensenada en proceso de construcción. Ahora esas desaladoras no tienen un marco jurídico como operar en el Estado y muchos dentro del gobierno como Manuel Guevara tendrán que dar la cara a los particulares.

El problema, es que las tres desaladoras para la Zona Costa tendrán un costo ambiental muy importante que otros países no están dispuestos a asumir, por lo que es momento de replantear las opciones y revisar el proyecto del tratamiento de aguas, ya que actualmente sólo se recicla 4%, y con la iniciativa se espera repuntar esa cifra a más de 50 por ciento. Felicidades Baja California es un triunfo de todos. Tomar conciencia nos dará agua.

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