De vuelta al tema sindical y la libertad de afiliación

Por Héctor Fernando Guerrero Rodríguez

Hace algunas semanas en una de mis participaciones en este medio hacía mención de que el tema del Covid había obligado a las empresas a dejar otros temas de lado. Uno de ellos era el relacionado con la cuestión sindical. Y es que, a diferencia del anterior tratado de libre comercio conocido como el TLC, el nuevo que se encuentra en vigor establece en su capitulo laboral que los trabajadores en México deberán contar con el derecho de la libre afiliación.

Es decir, si así lo desea el empleado, éste podrá ser parte o no del sindicato que represente a la empresa para la cual labora; ya que la figura que prevalecía y probablemente prevalezca aún en un número importante de centros de trabajo era ya sea la del llamado sindicato de protección o la de la obligación de pertenecer a un sindicato determinado para poder trabajar en la empresa que este representa.

A un año aproximadamente del inicio de la vigencia de este nuevo tratado en México y EE. UU. surge la primera la primera invocación al mismo para reportar la violación a la libertad de afiliación comentada anteriormente. Esta demanda está siendo presentada por varios organismos norteamericanos como son la AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, así como la Public Citizen y se hace en contra de una empresa llamada Tridonex la cual está ubicada en Matamoros, Tamaulipas, con oficinas corporativas en la ciudad de Filadelfia.

Una persona clave en esta demanda es la abogada Susana Prieto, quien fuera celebre hace un par de años por orquestar aquellas demandas a empresas también de Matamoros derivadas del incremento del salario mínimo al doble y el impacto en algunas prestaciones ligadas al mismo según los propios contratos colectivos de estas mismas. Ahora regresa poniendo a prueba al T-MEC y en palabras de la dirigente laboral, para ver si éste es realmente aplicable o sólo es letra muerta. Según sus afirmaciones la empresa Tridonex ha estado violando la libertad de afiliación a sus trabajadores al acosarlos y hasta despedirlos en caso de intentar organizarse.

De acuerdo con la parte procesal del tratado, lo que sigue es que el gobierno de EE. UU. deberá analizar si la demanda laboral interpuesta por los organismos mencionados procede o no. En caso de hacerlo, ésta será presentada al gobierno de México, quien tiene un plazo de 55 días para resolver, lo cual podrá ser en dos sentidos, ya sea que reconozca que efectivamente se estaban violando los derechos de los trabajadores y entonces le solicite a la empresa que corrija dicha situación o ya sea que determine que no se ha violado ningún derecho laboral y por lo tanto no hay acción que ejercer. En caso de EE. UU. no quede conforme con el resultado del análisis, se deberá conformar un panel de expertos para que por medio de un juicio se determine a quien asiste la razón.

Más allá de la relevancia del caso en sí, este trasciende por ser el primero de esta naturaleza y porque además de que seguramente la forma en que se lleve a cabo y se resuelva va a sentar un precedente, también está empezando a desplazar al tema del Covid para enfocar la atención nuevamente al tema sindical que tan ocupados nos tenia antes de esta interminable pandemia.