Cuando 910 homicidios se vuelven polvo

Por Daniel Salinas

A veces el exceso de malas noticias acaba fungiendo como anestésico. Estamos siendo bombardeados de tal forma, que ya ni siquiera reparamos en la gravedad o en la trascendencia de lo que vemos o escuchamos. En este invierno hostil, cada nuevo día de nuestra vida significa levantarnos con la zozobra de enfrentar una nueva barrabasada de Donald Trump, una pifia del canciller Luis Videgaray, algún grotesco escándalo de corrupción coronado con joyas como el “merezco abundancia” de Lady Duarte o alguna protesta ciudadana que terminará en zafarrancho. Si a ello sumamos el segundo gasolinazo, transportistas peleando por incrementar su tarifa y como cereza en el pastel las lluvias con  su herencia de catástrofes urbanas, la única conclusión posible es que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido.

En semejante escenario parecemos no reparar que tan solo durante el mes de enero se cometieron en Tijuana 104 homicidios. Por favor, detengámonos a pensar lo que eso significa. Estamos hablando de un promedio de tres y medio asesinatos por día. Durante todo el 2016 se registró la escalofriante cifra récord de 910 homicidios lo que vuelve a poner a Tijuana entre las ciudades más violentas del país. Todos recordamos con horror los aciagos días de 2007-2008 y la única certidumbre es que no queremos volver a vivirlos. Por desgracia el año pasado y en lo que va de este ya batimos los récords negativos de la que hasta ahora era nuestra época más violenta.

Sin embargo, más allá del número de asesinatos, hay algo que en 2017 debería preocuparnos más: la incapacidad de las autoridades para reconocer la gravedad del problema. Tanto el gobierno estatal como los municipales se aferran a la clásica perorata de “crímenes entre mañosos” que en nada afectan a la población. Mentira terrible. Las autoridades olvidan que entre estas muertes violentas hay asesinatos de mujeres, personas que han caído en asaltos a mano armada o niños que perecen víctimas del maltrato en sus familias. Quizá la primera gran clave del éxito de la Operación Tijuana en 2008, que fue ejemplo para todo el país, fue la capacidad de autoridades, corporaciones, organismos ciudadanos y empresariales para dimensionar la magnitud del problema y admitir la gravedad del mismo. Nadie, ni el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán ni el general Alfonso Duarte o el alcalde Jorge Ramos intentaron minimizar el problema o nadar de muertito como si nada pasara.

Partiendo de esta aceptación fue como se logró unir esfuerzos y crear un frente común. La mala noticia es que en este momento ni el gobernador Francisco Vega, ni el alcalde Juan Manuel Gastélum ni sus secretarios de Seguridad parecen dispuestos a admitir la gravedad del tema y eso es peligrosísimo. No solo no se ve una estrategia ni una unión de esfuerzos como en 2008, sino que ni siquiera se percibe un poquito de empatía, actitud o voluntad para tomar el toro por los cuernos. Mientras esto no suceda, la única certidumbre es que los ciudadanos iremos perdiendo la batalla.