¿Cuál es el papel de los Colegios de Abogados?

Por Oscar Díaz

No pude evitar sentir una extrañeza inmediata cuando me enteré del “posicionamiento” difundido a través de distintos medios de comunicación de carácter nacional por la Asociación Civil denominada Barra Mexicana Colegio de Abogados, respecto a las declaraciones rendidas por el Presidente López Obrador el día 14 de junio pasado, en su ya tradicional conferencia de prensa mañanera, en las que critica a quienes están promoviendo juicios de amparo en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucia en la CDMX, y en las que además advierte que si sus adversarios logran frenar con esos amparos el nuevo aeropuerto él informará quienes son, para que los mexicanos los identifiquen y sepan cuáles son sus intereses.

En dicho “posicionamiento” expresado aparentemente por la Barra Mexicana, en el segundo de sus cuatro párrafos, con una retórica jurista muy básica se expresa ‘impostadamente’ que “la constitución federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a la justicia y consecuentemente a interponer acciones legales, tales como juicios de amparo, entre otras, cuando consideren que sus derechos sean vulnerados, correspondiendo al poder judicial resolver sobre las pretensiones de los demandantes, cuya actividad jurisdiccional, en virtud de la división de poderes consagrada en nuestra constitución, debe ser respetada y sin injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo”. Y en el tercer párrafo también se expresa que “consecuentemente consideran inapropiado que el ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que esas acciones atentan contra el estado de derecho”, y más adelante incluso exhortan al Presidente para que se abstenga de hacerlo.

La argumentación de dicho “posicionamiento” obviamente resulta sensata, fundada y correcta, pero mi vocación de abogado me exige analizar dicho comunicado más allá las declaraciones del Presidente, primero que nada por su rareza, y después por la carga política que lleva implícito un comunicado de tal naturaleza.

A lo largo de sus años de existencia la Barra nunca se ha caracterizado por publicar o difundir este tipo de comunicados polémicos; los asuntos legales de alto perfil y de interés nacional han existido todo el tiempo, sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que la Barra hizo un posicionamiento de ese tipo y con esta cobertura a nivel nacional?, y sobre todo ¿por qué no lo ha hecho antes con otros temas?, ¿por qué se mete en éste en especial?, otros organismos como la Coparmex lo hacen de manera cotidiana, pero no está Barra. Para difundir un comunicado así es necesario contar con una buena coordinación de medios y por supuesto contar con recurso económico para costear su difusión, de otra manera difícilmente tendría tal cobertura.

Creo que la Barra de abogados haciendo uso de la retórica jurídica más clásica, bajo el correcto pretexto de defender el estado de derecho, el acceso a la justicia, la división de poderes y la protección de datos personales, en realidad está tratando de alzar la voz y de colocarse como una especie de oposición al gobierno en temas jurisdiccionales en los que está más que calificada, y creo que bajo esa mascara de rectitud está haciendo política y defiende intereses de grupo.

Eso me lleva a preguntarme, ¿cuál es el papel de los colegios de abogados en México?; si les parece, por cuestión de espacio lo analizamos en mi siguiente participación.