Coparmex explica sus “remedios solidarios” ante el desempleo por pandemia

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, durante la conferencia virtual. Fotografía: Tomada de la transmisión

Redacción/Infobaja

Tijuana.- Líderes tanto de la Coparmex nacional como de los centros empresariales en Baja California ofrecieron una conferencia de prensa virtual vía Zoom, como parte de la gira nacional “Coparmex en tu Estado”, para presentar propuestas de reactivación económica y tratar temas regionales.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) señaló que el panorama económico en el país durante el primer semestre de 2020 muestra un deterioro en las finanzas públicas, en gran parte a consecuencia del Covid-19.

Los estados han tenido que enfrentar la crisis con recursos propios, teniendo que hacer reasignaciones del gasto ya que no han recibido recursos extraordinarios por parte de la federación, explicó.

Habló de tres rutas para renovar el pacto fiscal: Descentralizar los recursos públicos; Renovar la distribución de recursos entre estados y municipios; así como mejorar los mecanismos para la fiscalización de los recursos subnacionales.

A su vez, el secretario general nacional de la Coparmex José Medina Mora, habló de la alarmante pérdida de empleos, con más de un millón de nuevos desempleados como efecto neto del Covid-19.

Si bien, Baja California ha sido uno de los estados menos afectados en el país, pues los casi tres mil empleos que se han perdido en la entidad representan el 0.3 por ciento de la cifra previa a la contingencia, se esperaba que tuviera un crecimiento laboral, lo cual no se dio.

Ante esta situación, dijo, Coparmex propone tres componentes de lo que identificaron como “Remedios solidarios”.

En los salarios más bajos (de uno a tres salarios mínimos), que el gobierno federal y el empleador paguen cada uno 50 por ciento del sueldo, a fin del que el trabajador mantenga su pago íntegro.

Para sueldos de 4 a 9 salarios mínimos, se propone que el empleado acepte recibir temporalmente un salario al 50 por ciento, de lo cual el gobierno federal aporte 17 por ciento y el empleador el 33 por ciento.

Respecto al millón de mexicanos que ya han perdido su empleo formal, Coparmex plantea el “seguro solidario” por seis meses, para que de esta forma el desempleado sigua recibiendo un salario mínimo como ingreso en lo que consigue trabajo.

Además de los dirigentes nacionales, en el presídium virtual estuvieron presentes Armando León Ptanick, presidente de la Federación de Baja California; Ernesto Elorduy Blackaller, presidente del CE Mexicali; Roberto Rosas Jiménez, presidente del CE Tijuana; Martín Muñoz Barba, presidente del CE Ensenada; y, Erick Merino Payán, presidente de la Delegación San Luis Río Colorado.

Elorduy Blackaller destacó que en Baja California, representantes de diversas agrupaciones sociales y empresariales (entre ellas la Coparmex) entregaron ante el Instituto Estatal Electoral más de 60 mil firmas ciudadanas, que permitirán por primera vez en la historia del país que una ley sea sometida a un proceso de referéndum para su cancelación.

El Presidente de Coparmex Mexicali se refería a la denominada “Ley Gandalla”, reforma constitucional que permite a los alcaldes, regidores y diputados poder reelegirse y hacer campaña sin separarse del cargo.

A su vez, Roberto Rosas Jiménez, presidente de Coparmex Tijuana, señaló que se denunció que desde junio el que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos en la entidad han emprendido de manera ilegal una campaña de cobros contra empresas de distintos giros, argumentando actos de corrupción en el consumo de agua potable y el uso de la red de drenaje sanitario.

En la Coparmex, dijo el dirigente, exigen que toda denuncia proceda con transparencia y legalidad, siempre respetando el Estado de Derecho.

Se recordó también que semanas atrás el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó una iniciativa ante el Poder Legislativo para proponer la creación de un SAT estatal, justificando su creación para tener certeza de los impuestos que pagan los ciudadanos, y a su vez, disponer de dicho recurso para destinarlo a las necesidades de la región.

Sin embargo, en Baja California se percibe que dicho órgano podría ser utilizado como instrumento de persecución política en contra de empresarios incómodos, a través del terrorismo fiscal, consideraron los dirigentes.