Por Carlos Murguía Mejía
El bien jurídico a tutelar de los mexicanos, es su patrimonio económico, social, histórico, cultural y etc.
Un valor intocado, deberán ser las instituciones públicas, la certeza, legalidad y por supuesto los extremos de orden constitucional y leyes secundarias.
Ahora bien, de todos es sabido que la Auditoría Superior de la Federación, dentro de sus facultades y atribuciones, está la de llevar a cabo pericialmente y con personal capacitado, el estudio minucioso de todas aquellas entidades que manejen recursos públicos de la Federación y que dictamine si los mismos fueron aplicados no únicamente con eficiencia y honradez, sino, bajo una metodología clara y preestablecida atenta a la normatividad legal.
Ciertamente, la ASF, ha dado cuenta de un sinnúmero de observaciones a entidades públicas auditadas donde se acredita el desvío mayúsculo de recursos económicos en agravio del erario y por supuesto en perjuicio del pueblo. Al no poder solventar las Instituciones el gasto del recurso público con eficiencia y honradez, queda firme la disposición indebida del numerario.
Ahora bien, las pretendidas Coordinaciones Estatales de ninguna manera violentan la soberanía de los Estados; toda vez que, el cuidado del recurso público y que es el de la Federación, se pretende llegue a su destino preestablecido sin incurrir en ilícitos por parte de funcionarios o gobernantes venales que tienen a su disposición dicho numerario.
Los detractores de las Coordinaciones, muy preocupados por cuestiones de forma y no de fondo; tal parece que quieren tender una cortina de humo a fin de evitar entrar de lleno al problema toral que es la corrupción insultante y escandalosa a la que nos llevaron por años.
Seguramente, tendremos oportunidad de ver las reformas de orden constitucional y legal; adecuarán su marco jurídico en la exacta dimensión para llevar a cabo las reformas pretendidas; las modificaciones a los convenios de coordinación fiscal, los cambios en el derecho administrativo, fiscal y otros, nos guiarán hacia a una nueva dimensión en materia de control del gasto público. Dicho de otra manera, ninguna instrumentación debe ser desdeñada si esta es en beneficio del pueblo. No se debe olvidar que finalmente: la soberanía reside esencialmente en el pueblo y solamente éste tiene el derecho a variar la forma de gobierno.
