Por Juan Manuel Hernández Niebla
“Nadie puede apartarse de la verdad sin dañarse a sí mismo”
Lope de Vega
El gobierno de Mexico define la inversión extranjera directa (IED) como aquella que tiene como propósito la creación de un vínculo duradero, con fines económicos de largo plazo, por parte de inversionistas extranjero en un país receptor.
Entre sus beneficios, se incluyen la generación de empleo, la captación de divisas, la estimulación de la competencia, la transferencia de nuevas tecnologías y el impulso a las exportaciones, reflejándose todo esto en beneficios para el consumidor doméstico a través de más y mejores productos, y consecuentemente mejores precios.
Para entender mejor el potencial de la IED, por su tamaño Wal-Mart seria la décima economía mundial, después de Canadá y más grande que la economía mexicana. Consecuentemente, Mexico no puede crecer sin inversión privada.
Todos los países compiten por este tipo de inversiones, donde las mismas se van a aquellas que ofrezcan mejores utilidades e incentivos, pero sobre todo certidumbre en el cumplimiento de sus leyes y en general del Estado de Derecho.
Un instrumento clave para la IED en Mexico ha sido el TLC, mismo que el gobierno de la 4T, contrario a su ideología anti neoliberal, suscribió con particular esfuerzo en la negociación del nuevo TMEC, identificándolo como instrumento clave para el desarrollo económico nacional.
Consecuentemente, es extremadamente complicado entender la iniciativa del gobierno para realizar una consulta ciudadana para decidir si se mantienen los permisos para operar una planta cervecera de la compañía Constellation Brands en Mexicali, entendiendo estos permisos ya habían sido otorgados, donde la mayoría de la inversión de $1,400 millones de dólares ya ha sido ejercida, y donde según análisis técnicos no representa un riesgo para el desabasto de agua en la entidad.
Independiente del resultado, la elaboración una vez más de una consulta sin rigor técnico manda un mensaje negativo y de incertidumbre jurídica, no solo a los inversionistas de le empresa, sino a cualquier posible inversionista extranjero, proyectando a Mexico como un país donde las leyes no se respetan.
Gobernar en un sistema democrático es ejercer legítimamente el poder. Ejecutivo y legislativo, habiendo sido elegidos por voluntad popular, son responsables de representarnos, con todas las responsabilidades y obligaciones que esto conlleva.
Consecuentemente, tienen la facultad de tomar decisiones, de implementar políticas públicas, usando la fuerza si es necesario para preservar el orden y el Estado de Derecho, adoptando medidas que pudieran ser contrarias a las preferencias ciudadanas, entendiendo el bien común de la nación debe estar encima de los gustos del pueblo, donde el gobierno no tendría que estar haciendo consultas ciudadanas en cada decisión que deba tomar.
Adicionalmente, en temas técnicos y económicos existen expertos, pagados con nuestros impuestos, que saben más que la sociedad en general. A ellos se debe consultar.
Para eso elegimos y les pagamos a nuestros gobernantes, esperando sean eficientes, capaces y responsables, y no para que celebren “consultas” cada vez que no quieran responsabilizarse de una decisión.
En relación a la consulta para la planta cervecera en Mexicali, independientemente del resultado, su realización se unirá a otros proyectos como el aeropuerto de Texcoco, mandando una pésima señal internacional y un gravísimo precedente para la confianza de las inversiones en nuestro país.
