¿Chatarrizar la frontera?

Por Juan Manuel Hernández Niebla

 “Un problema es algo que puede resolverse. Un hecho de la vida es algo que tiene que asimilarse”, John Maxwell (El lado positivo del fracaso)

El presidente Lopez-Obrador firmó un decreto para legalizar la importación de vehículos chatarra introducidos ilegalmente al país, conocidos coloquialmente como autos “chocolate”.

El decreto es ambiguo en el sentido de que no especifica los supuestos de importación, como serían la fecha de introducción al país, año mínimo o máximo del modelo, costo de importación, ni la manera como el Estado podría quedarse con este ingreso para programas de bacheo y repavimentación, tal y como lo anunció el presidente.

Asumiendo que en BC existen aproximadamente 600,000 autos chocolate (cifra no oficial), al costo de importación prometido por el presidente de $2,500 por vehículo, estaríamos hablando de ingresos extraordinarios de $1,500 millones de pesos para el Estado.

El tema de los autos chocolate es un asunto largamente discutido y controvertido. En columnas pasadas mencionábamos que el fenómeno creció a partir de la entrada del TLC, que elevó el arancel y la importación a valor de mercado.

La medida acabó prácticamente con los lotes de ventas de autos usados en la frontera, abriendo al mismo tiempo la pauta para la importación ilegal y masiva de estos vehículos chatarra.

No obstante, entendemos que la medida tiene un sentido social ante la falta de un transporte público digno, donde mucha gente prefiere tomar riesgos y comprar un vehículo de este tipo, que gastar la mitad de su sueldo y su día utilizando un transporte público caro, ineficiente y malo.

Desafortunadamente, el decreto emitido por el presidente no va a resolver el problema, donde tiene el peligro de generar peligrosas asimetrías que menciono a continuación.

Sin un sistema adecuado de transporte público, se corre el riesgo de “chatarrizar” las zonas fronterizas ante la importación masiva de vehículos generadores de contaminantes, que seguramente circularán con problemas mecánicos y sin los seguros respectivos.

Si en Tijuana ya existe un caos vial, esta situación va a empeorar el congestionamiento vehicular de la ciudad. No existe en la actualidad ningún anuncio por parte de la autoridad que mencione la posible implementación de un sistema de transporte público adecuado.

La argumentación de que regularizar los chocolates disminuirá la delincuencia no es correcta ni está sustentada estadísticamente. Contrariamente, seguramente se incrementará el robo de vehículos, ya sea para delinquir o por el simple hecho de que actualmente el robo de uno de estos vehículos no puede ser denunciado debido a la falta de documentos que amparen su propiedad.

En términos económicos, más allá del recurso extraordinario que el programa pueda generar, según la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), la regularización de estos vehículos devaluará un 20% en promedio el valor de las unidades seminuevas importadas de manera correcta el país. En otras palabras, un vehículo seminuevo actualmente en circulación e importado legalmente al país, perderá el 20% de su valor comercial.

La AMDA igualmente anunció una batalla legal contra el decreto emitido, argumentando que la regularización del contrabando automotriz es un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que la tolera y se enriquece cometiendo delitos bajo el mano de beneficiar a los más pobres.

Finalmente, esperemos la regularización de estos vehículos no termine convirtiéndose en un negocio de particulares, como vimos sucedió con el fenómeno de los autos “amparados” hace algunos años.