Celulares e información personal

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“El pueblo es un menor de edad al que hay que llevar de la mano a su destino”. Porfirio Díaz

Bajo el argumento de combatir el secuestro y la extorsión, congreso y gobierno federal publicaron un decreto que obliga a todo usuario de telefonía celular a proveer sus datos biométricos, que incluyen huellas dactilares, reconocimiento facial y del iris, donde en caso de no proporcionarlo provocaría la cancelación del servicio.

La ley ha generado inquietud y preocupación en la población, debido a que existen elementos de inconstitucionalidad por la violación del derecho a la privacidad, incluyendo la posibilidad del uso indebido de estos datos personales, donde la cancelación de la línea constituye igualmente una violación al derecho a la información y a la libre expresión cuando el celular es utilizado para accesar a las redes sociales.

La nueva disposición afecta a más de 120 millones de usuarios, donde adicional a la cancelación de la línea, aquellos usuarios que no proporcionen su información pueden ser sujetos a una multa de 89 mil pesos.

Sólo en naciones autoritarias como Venezuela, Afganistán, Arabia Saudita y China, existen estas bases masivas y centralizadas de información personal como la que México pretende implementar. El gobierno mexicano promete nunca ejercer acciones de espionaje a través de esta información.

Ya se intentó implementar este padrón en 2009, llamado RENAUT, que igualmente buscaba combatir la delincuencia, iniciativa que fue cancelada en 2012 y que culminó en un rotundo fracaso.

El gobierno ha probado tener serias deficiencias en la salvaguarda de sus bases de datos, donde a diferencia de una contraseña, los datos biométricos son inmutables, por lo que, si alguien tiene acceso a esta los mismos, podría utilizarla para acceder a cuentas bancarias y créditos personales. Entre noviembre 2019 y julio 2020, siete dependencias públicas del gobierno federal, incluyendo Pemex, fueron vulneradas por ciber atacantes.

La aplicación de esta nueva ley no garantiza la disminución de las extorsiones, esto debido a que la inmensa mayoría de estos se cometen desde penitenciarias, con celulares que ingresan clandestinamente, con chips “piratas” que se obtienen en el mercado negro, y que con la simple utilización de inhibidores de señal celular se podrían eliminar.

Si a alguien le roban su celular y cometen un delito con éste, no existe claridad de que no vaya a ser culpado del ilícito cometido, donde igualmente autoridades judiciales podrían acceder sin orden judicial y discrecionalmente a la información de la base de datos.

El IFT, órgano regulador en la materia, estima implementar este padrón requerirá más de 700 mdp del erario, acción que representa un contrasentido del gobierno federal, donde los presupuestos en materia de seguridad no han crecido, y durante 2021 se canceló el programa FORTASEG para fortalecimiento policial.

La facultad de perseguir los delitos NO puede darse como una medida en detrimento de los derechos y garantías de las personas e invasión de la privacidad. Proporcionar los datos biométricos colocaría a las personas en una posición de vulnerabilidad en relación a un posible robo de identidad, exponiéndolas a riesgos innecesarios.

La ley pareciera ser mas un instrumento de control gubernamental que de combate a la inseguridad. Un juez ya otorgó el primer amparo en contra, advirtiendo que la obligación de entregar datos personales y biométricos afecta derechos, asegurando igualmente que no necesariamente sirve para perseguir delitos.

Desafortunadamente, la nueva medida parece ser el preludio de una nueva tormenta y lluvia de amparos.