Redacción/Infobaja
Mexicali.- En su conferencia semanal, realizada en Mexicali, y ante la pregunta de un reportero sobre la reciente audiencia del ex gobernador Jaime Bonilla Valdéz, Marina del Pilar Ávila subrayó que se respetará en todo momento el debido proceso, apegándose a ley.
La Gobernadora de Baja California refrendó también su compromiso para erradicar la corrupción de la vida pública del Estado, indicando que se prioriza las necesidades del pueblo bajacaliforniano antes que los intereses particulares o de grupo.
“Este no es ningún acto de simulación ni cacería de brujas, ni revanchismos, ni nada”, dijo la Gobernadora. “Es un acto de justicia al pueblo de nuestro estado”.
A su vez, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, informó que la audiencia en la que comparecerán el ex gobernador y diversos ex funcionarios de la administración estatal anterior, se realizará el próximo 15 de agosto a las 09:00 horas, tal y como dispuso el Poder Judicial del Estado de Baja California.
“Se ha dispuesto la audiencia para que la Fiscalía pueda proceder a imputar por los diversos delitos que se investigan, cometidos por ex funcionarios públicos en el momento en que estaban en funciones. Estaremos pendientes a esa audiencia, estaremos presente y realizaremos las actuaciones necesarias conforme a derecho”, expresó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien sostuvo que se cuenta con los datos de prueba correspondientes para poder proceder legalmente contra Jaime “N” y otros ex servidores públicos.
Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Baja California, Juan José Pon Méndez, señaló que la denuncia contra Jaime «N» y otros representantes de la anterior administración se presentó debido a que el proyecto de la planta fotovoltaica que pretendía construirse en Mexicali era totalmente irregular, por lo que se tuvieron que tomar las medidas legales correspondientes para salvaguardar el patrimonio de las y los bajacalifornianos.
El funcionario estatal señaló que, de manera ilegal, el contrato hecho por la administración anterior, garantizaba el recurso a una empresa comprometiendo las participaciones federales para el Estado, lo que se materializó con el descuento de 123 millones de pesos a pesar de que la obra no llevaría a cabo por no contar con los permisos legales correspondientes.
Pon Méndez agregó que la compañía Next Energy tomó la decisión de terminar con los contratos que tiene con el Gobierno del Estado, por lo que se espera que próximamente quedará finiquitado el asunto con la devolución del recurso que les fue entregado de manera indebida.
