Apunte Constitucional II

Por Wilfrido Ruíz Sainz
En lo particular, el Autor de ésta columna desea expresar, que considera inaceptable y aberrante que los servidores públicos, en especial los Diputados y Presidentes Municipales, que fueron electos para ejercer un mandato constitucional, ya sea por votación directa o por representación proporcional, abandonen su representación legislativa y ejecutiva para buscar otro cargo de elección popular, sin cumplir cabalmente con el término del mandato para lo cual fueron votados.

Por ello, en ejercicio de una congruencia democrática, que tiene sustento constitucional, manifiesto que jamás he estado en sintonía con la nefasta práctica de que los servidores públicos, que hayan recibido la sagrada encomienda de la representación ciudadana, tengan el cinismo y la frivolidad de abandonar su encomienda, traicionando la confianza y la responsabilidad conferida por los electores.

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el Artículo 14 es su parte relativa textualmente dice: “El Congreso del Estado estará integrado por Diputados, que se elegirán cada tres años”. Por otra parte, el Artículo 19 del citado Ordenamiento Jurídico, establece y finca: “El Congreso se renovará cada tres años y se instalará el primero de Octubre posterior a la elección”.  Esto es, los textos constitucionales aludidos establecen puntualmente y así debe entenderse, que la duración del encargo para lo cual fueron electos los Representantes es sin duda, por un período de tres años. Por otra parte, en el Artículo 8 Incisos (a) y (c) del Código Político Fundamental, se señala que entre los derechos del ciudadano de Baja California, se encuentra la prerrogativa y privilegio de votar y ser votado.

En efecto, la voluntad soberana de la ciudadanía se expresa mediante el sufragio y al otorgarlo, existe la obligación del servidor público de ejercer y agotar dicha encomienda hasta la terminación del término referido.  Por lo tanto, resulta inválida la acción de renunciar anticipadamente a su mandato y buscar otra posición de naturaleza pública.

El hecho de que al servidor público le pegue la enfermedad de la ambición, del desencanto con su comisión, de la codicia y la voracidad insaciable, no justifica que pida licencia para dejar su mandato. Me parece que ésta afirmación es absolutamente correcta, ya que el funcionario en calidad de empleado de los electores, se somete al imperio de la ley y rinde su protesta para cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

En nuestra Baja California, de manera ligera y frívola, es común que los Diputados, empujados por la enfermedad antes descrita, pidan licencia para separarse del cargo y contender dentro de un proceso electoral y en caso de perder, cómodamente y sin consecuencias regresan a desempeñar el mandato. Una costumbre ramplona, absurda e inaceptable.  

Postura del Autor: Definitivamente y de acuerdo con la congruencia del Autor, esta práctica descabellada, chocante y peregrina debe terminar. Esto es, no podemos aceptar que se siga vulnerando la voluntad del ciudadano elector, mismo que  espera con toda razón, que sus Representantes agoten su gestión constitucional. Propuesta del Autor: La Constitución Política de Baja California, debe ser reformada para efectos de prohibir, que los Diputados y Presidentes Municipales, en funciones, pidan licencia anticipadamente para buscar otra chamba.  De lo contrario, existe un desacato descarado al término constitucional de 3 años. Es justo y necesario frenar a los chapulines.