Apunte Constitucional 1V

Por Wilfrido Ruiz Sainz

La rebeldía de Cataluña, un bastión primordial en la composición de la Península Ibérica, me orilla a comentar sobre la sorpresiva Declaratoria de Independencia, que se consumó por iniciativa del Presidente Regional Carles Puigdemont. El resultado de la jornada electoral del 1ro de octubre, que convalidó el referéndum de los electores, arrojó un total del 43% de los electores registrados. Es decir, un porcentaje menor para alcanzar la mayoría simple. Sin embargo, fue suficiente para que el Parlamento Catalán oficialmente emitiera la Declaratoria de Independencia.

Sin embargo, el veredicto separatista del Parlamento, quedó en limbo. Esto es, dicho cuerpo colegiado decidió suspender provisionalmente los efectos del decreto separatista para efectos de trabar un diálogo con el Gobierno Central, que encabeza el Mariano Rajóy, quien reaccionó como Jefe de Estado otorgando ocho días al Gobierno Catalán para que proceda a convalidar en forma definitiva dicha separación. En verdad, un resultado histórico que de consumarse de manera definitiva quedará cercenado el territorio español.  

La respuesta y postura del Gobierno Central y de su Majestad el Rey Felipe, deja muy en claro que invocaron la Constitución Española de 1978, misma que en su Artículo 155, reza: “Sí una Comunidad Autónoma no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Lo que se infiere del citado precepto, es que el Gobierno Central se reserva las medidas punitivas para castigar a los separatistas v.gr., perder la autonomía y quedar bajo el control y mando del Estado Español.

Lo que podemos deducir con toda claridad, es que los Estados que se rigen por un Código Político Fundamental, previeron la sobrevivencia de la Constitución para el caso de sublevaciones, rebeliones o movimientos golpistas. La Constitución garantiza la unión de los departamentos, provincias, entidades federativas, es decir, perpetúan la vigencia del pacto constitucional. No toleran la separación, no aceptan la rebeldía, en otras palabras, no admiten el quebranto del orden constitucional.

En el caso de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Constituyente de Querétaro aprobó la Constitución de 1917, que sigue en vigor a la fecha a pesar de más de 400 reformas. La Carta Magna establece puntualmente en su Artículo 136: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta”. Por otra parte, el Artículo 39 de la Constitución Federal, establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

Como se puede apreciar, el Poder Constituyente de Querétaro, integrado por representantes populares, reconoció como titular originario del poder soberano al pueblo. Sin embargo, estamos ante un derecho limitado y no absoluto ya que el Constituyente incorporó al texto constitucional la vigencia de la Carta Magna que no reconoce la rebelión, la separación, la vulneración ni violación de la misma. Tal es el caso de España.