Alto al financiamiento público de los partidos

Jaime Bonilla Valdez

En nuestro país 60 millones de personas viven en la pobreza. Gran parte de la población no cuenta ni siquiera con servicio de agua potable. Los índices de desnutrición siguen siendo altísimos en muchas comunidades y millones de niños no tienen la oportunidad de asistir a una escuela pública.

 

No obstante ese panorama desolador, nuestros impuestos sostienen uno de los sistemas electorales más caros del mundo.

Fuertes sumas de dinero se destinan cada año a operar una burocracia encargada de organizar las elecciones. Y los montos que se asignan a los partidos políticos son igualmente insultantes.

Solamente este 2015 el presupuesto del Instituto Nacional Electoral ascenderá a CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, de los cuales la mayor parte se destinarán a tres partidos:

-Un mil 375 millones para el Partido Revolucionario Institucional.

-Un mil 157 millones para el Partido Acción Nacional.

-Ochocientos ochenta y seis millones para el Partido de la Revolución Democrática.

Este derroche no es reciente. En los últimos 15 años, los partidos políticos en su conjunto han recibido fondos públicos por 58 MIL 603 MILLONES DE PESOS.

En un país como el nuestro, agobiado por grandes carencias, dilapidar esas cantidades resulta a todas luces injustificable.

¿Qué hubiéramos podido hacer con el dinero entregado a los partidos políticos? Por ejemplo:

– Mil doscientas sesenta y cuatro escuelas primarias, perfectamente equipadas, cada una con 18 aulas.

-195 hospitales generales de 180 camas y cinco quirófanos cada uno.

-Mil novecientos cincuenta hospitales rurales.

-Siete carreteras de 300 kilómetros de longitud cada una, equipadas con puentes y túneles.

Hay quienes justifican este dispendio argumentando que el financiamiento público de los partidos equilibra las condiciones de competencia y elimina la entrada de dinero procedente de actividades ilícitas.

Ambos planteamientos son erróneos. No puede haber equilibrio cuando vemos que algunos partidos reciben más de mil millones de pesos y otros diez veces menos. Y, por otra parte, está comprobado que los procesos electorales son frecuentemente financiados con recursos de origen dudoso.

En conclusión, y dadas las condiciones actuales de nuestro país, nada justifica el financiamiento público a los partidos políticos.

Por ese motivo, en los próximos días voy a someter a consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para eliminar definitivamente la asignación de recursos gubernamentales a los partidos, los cuales, en lo sucesivo dependerán de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

Dicha iniciativa de ley contempla también una serie de medidas encaminadas a regular la operación de las instituciones políticas para fomentar mejores condiciones de competencia y transparencia en el manejo de los recursos.

Basta ya de tanto derroche para mantener un sistema electoral que además de caro ha probado ser ineficiente y cuyos resultados no convencen a la mayoría de los mexicanos.

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