En el 2004 en Mexicali el candidato panista que recibió la constancia de mayoría como triunfador de la presidencia municipal, la perdió gracias a un recurso del PRI que le dio la vuelta a la elección pormenos de 50 votos.
“Se revisaron y se abrieron paquetes y se dio el triunfo a Samuel Ramos”, recordó.
Explicó que la legislación que rige la elección es la Constitución Mexicana en los Artículos 41, 60 y 99; la Constitución local y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California (LIPE).
La operatividad para llevar a cabo el proceso electoral está contenida en la LIPE, que marca 4 fases:
La primera a partir del 1 de febrero con la primera sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California (IEPCBC). Contempla la preparación del padrón electoral, entrega de credenciales, redistritación, insaculaciones y otros procedimientos.
La segunda fase es la jornada electoral del 7 de julio que incluye la votación en las casillas de las 8:00 horas a las 18:00 horas, el escrutinio, cómputo y validez de la elección. Hay excepciones para cerrar antes cuando se acaban las boletas o después si todavía hay gente en la línea.
El domingo de la elección pueden presentarse quejas ante el Instituto Electoral de Baja California y denuncias ante el Ministerio Público por delitos electorales como acarreo, condicionamiento de funcionarios para que voten los subordinados, impedimento de votación a personas con derecho, robo de urnas, funcionarios de partido pidiendo el voto para su alianza, entre otras faltas contemplados que pueden llevar hasta la anulación de la casilla.
La tercera fase se da en los Consejos Distritales (8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 son de Tijuana) donde hay un segundo escrutinio de los votos -que llevan de las casillas en paquetes electorales-, cómputo y validez de la elección. En cada distrito hay un representante y un suplente por partido, más los consejeros ciudadanos encabezados por un presidente y un fedatario.
Para el presidente de los Abogados en Materia Electoral de Tijuana esta parte es “muy importante”porque si existe duda de los representantes de partido pueden abrirse los paquetes electorales delas casillas y hacer el recuento “voto por voto”.
La cuarta etapa tras darse a conocer los resultados en los Consejos Distritales, es que se vayan a Mexicali los resultados de gobernador para que se dé la declaración de validez y entreguen la constancia de mayoría.
Si alguna de las partes no está de acuerdo con los resultados puede promover un recurso jurídico de inconformidad ante los juzgados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California.
Si el resultado de este Tribunal no les favorece, impugnan para que pase al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Guadalajara, que es la que le toca a Baja California.
El campo de batalla
Los resultados no son definitivos al terminar la jornada electoral, explicó a El Informador de Baja California el presidente del Colegio de Abogados en Materia Electoral de Tijuana, Manuel LomelíBolaños, el proceso concluye hasta que no se dicta la última resolución respecto de la impugnaciónque haya hecho aquel que se sienta con el derecho.
“Que tenga algún agravio que haga válido por virtud de los resultados”, dijo.
Explicó que en Baja California va a votarse por gobernador, munícipes y diputados, dependiendo el distrito, y en cada casilla al concluir se dicen en voz alta los resultados, pero no es el conteo final.
“La Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales de Baja California, señala que es obligación de los presidente de cada casilla, trasladar el paquete electoral, con todos los votos nulos, con todas las boletas elaboradas por los ciudadanos votantes, con todas las incidencias… al distrito electoral correspondiente”, expuso.
Indicó que los partidos tienen derecho a tener la lista nominal y los resultados, posterior al día de la jornada electoral.
Explicó que en este momento es imposible decir si pudiera invalidarse la elección porque puedan cometerse faltas, delitos y quejas, porque esa decisión la toman los tribunales electorales que es donde se dirimen las controversias.
“Se podrán presentar las acciones que la Ley de Medios de Impugnación (de la LIPE) permita, entre otras está la de inconformidad, una controversia constitucional, dependiendo los resultados que surjan… inclusive hasta una acción de inconstitucionalidad, pero eso no pudiéramos decirlo ahorita”, expresó.
Manifestó que los tribunales electorales se manifiestan en razón de lo que las partes promuevan con los principios que rigen la Constitución como base.
Elección cerrada
Hablar de un porcentaje suficiente para que un candidato pueda tener su triunfo asegurado y que no sea definido en un proceso judicial es un tema difícil de determinar, consideró el abogado LomelíBolaños que cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídicas y Derecho Electoral.
“En los últimos procesos hemos sabido que se han judicializado… en razón de una actuación de la autoridad electoral e inclusive por los resultados mismos”, expuso.
Manifestó que si los márgenes son superiores y claros, que se pueda desprender que las votaciones no estuvieron “muy cerradas, estaría por demás interponer el recurso.
Errores de formato
El especialista explicó que lo primero que hacen los Tribunales Electorales cuando reciben algún escrito de inconformidad por parte de los partidos es la revisión de la forma: que se presente en tiempo, que se tenga la personalidad acreditada, que los datos como domicilio sean correctos.
“No nada más es presentar por presentar, tienen que fundamentar. Si fallan los datos de la forma (el tribunal) la puede desechar de plano, ni siquiera la admite, pero si llena todos los requisitos se iría ya a lo que le llamamos los abogados los requisitos de fondo”, expuso.
Entonces se analizan los preceptos constitucionales y de la ley que son violentados. Además de apoyarse en la jurisprudencia.
“Si tú me preguntas porcentajes, bueno, yo conservadoramente te puedo decir que si un candidato es evidente que tiene 10 puntos arriba, pues ni para qué alegarle… si tiene 2, 3 puntos, lógicamente pueden ser cuestionables e impugnables”, consideró.
“Ejército rojo”
La presidenta del PRI en Baja California, Nancy Sánchez Arredondo, señaló que están preparadospara ganar con todo, aunque esperan triunfar en las urnas, porque “es lo que la gente les dice y les hace sentir”.
“Si por alguna eventualidad nos tenemos que ir a un proceso judicial… tenemos el equipo preparado y listo para hacerlo y el Comité Ejecutivo Nacional con todo el apoyo, si te das cuenta”, indicó a El Informador de Baja California durante la instalación de la Comisión Política Permanente del CEN del PRI en Tijuana.
Aseguró que lo que quieren es ganar y van a defender hasta el último voto, porque no están para negociar nada.
“Nada más de puro Tijuana tenemos alrededor de mil 800 abogados, cubrimos el área que nos corresponde y todavía nos quedan muchos más”, expuso.
Dijo que algunos de ellos van estar como representantes en las casillas más complicadas y competidas.
“Mexicali tiene alrededor de mil, pero que estamos trabajando la defensa jurídica, tenemos un equipo muy bueno, la verdad”, agregó.
Explicó que el CEN del PRI envió desde hace 3 meses a capacitadores para el área jurídica y el secretario de Elecciones nacional, Samuel Aguilar Solís, estuvo en Tijuana durante un mes.
“Ejército azul”
Oscar Vega Marín, coordinador de la campaña del candidato a gobernador de la alianza panistaUnidos por Baja California, Francisco Vega De Lamadrid, dijo que están convencidos -de acuerdo a sus encuestas-, que van a ganar con una diferencia que no va a permitir tener ningún escenario judicial.
“El Comité Nacional y el Comité Estatal tenemos toda la fortaleza jurídica, pero sí te reiteraría que no es un escenario que estemos previendo”, manifestó.
Dio a conocer que una muestra de su fortaleza jurídica fue que el PRI no pudo sacar del aire el spot televisivo donde muestran como el candidato de la alianza opositora Fernando Castro Trenti se aumentó el sueldo cuando era secretario del Ayuntamiento de Tijuana.
“Sus quejas estuvieron mal integradas y no hemos tenido ningún problema”, especificó.
Dijo que su encargado del área jurídica es el abogado Víctor Lujano, pero no detalló cuál es el número de juristas que tienen.
“Tenemos muchos voluntarios y él coordina”, señaló.
Manifestó que van a defender casilla por casilla; las tendrán cubiertas por sus representantes y su estructura general.
Empresarios rechazan judicialización
Pedro Romero Torres Torija, arraigado empresario bajacaliforniano, consideró la posibilidad de un empate electoral, pero espera que no se dé, porque es mejor que el candidato ganador lo haga por mayoría.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Juan Manuel Hernández Niebla, vislumbró que el ganador lo hará en base al porcentaje de votaciones en las urnas y no a una decisión del Tribunal Electoral.
“Por eso es bien importante que la ciudadanía salga a votar, queremos apostarle más del 40% de la votación, nos hemos quedado en un 30% muy bajo”, consideró.
Explicó que es necesario apostarle al voto de la ciudadanía y no al voto duro de los partidos políticos, porque eso es lo que va a marcar la pauta en cuanto a una controversia de tipo electoral.
“No podemos entrar en ánimos pesimistas, de una baja participación electoral y de una controversia”, dijo.
Consideró que es necesario evitar cualquier tipo de anarquismo político provocado por una judicialización del proceso electoral.
Federico Serrano Bañuelos, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación, opinó que es necesario tener conciencia para llevar a cabo el proceso electoral.
“Así como sabemos ganar, hay que saber perder, punto. Y si estamos conscientes de cuáles son las consecuencias de estar sometiéndose a este tipo de procesos, también debemos de estar conscientes de que no siempre nos van a favorecer los votos”, manifestó.
