Acusan a Cespt de querer desalojar ilegalmente a residentes

Es inconstitucional que desalojen a vecinos del fraccionamiento Islas Coronado o les corten el servicio de agua por adeudo de la constructora, señaló Carlos Atilano. Fotografía: Martín Méndez Pineda

Por Martin Méndez Pineda

Tijuana.- Es anticonstitucional que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) pretenda embargar o desalojar a residentes del fraccionamiento Isla Coronado, ubicado en un área contigua a Santa Fe, apuntó el abogado litigante y dirigente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña.

Esto luego de que vecinos de dicha comunidad denunciaron que la CESPT les envió un documento en el que solicitaban a la desarrolladora de sus viviendas, una filial de Frisa, el pago por cinco millones 950 mil pesos.

“No estamos de acuerdo, porque esto rompe todos los esquemas jurídicos, donde el deudor es una empresa y le están cobrando la instalación del drenaje que seguramente fue instalada hace más de cinco años”, indicó el abogado, “posiblemente el crédito fiscal ya prescripto y pretender arrojarles sobre los dueños de cada una de las viviendas ese monto nos parece injustificable desde el punto de vista jurídico y social”, dijo Carlos Atilano.

Reiteró que aparte de que estas acciones están fuera de toda ley, algunos de los habitantes ya escrituraron su vivienda a su nombre. Otros, si bien aún continúan pagándola, al momento de su compra ésta pasa a ser parte de la persona y no de la constructora, por lo que las especulaciones de un posible desalojo o incluso el corte del servicio de agua como forma de presión podría ser totalmente ilegal y violatorio a la Constitución.

“Se tendría que ver con detenimiento el expediente, el adeudo y las fechas, pero por lo que comentan se trata de un adeudo de la constructora Frisa, que fue el desarrollador, y eso fue superado por las escrituras que de manera individual se ha dado a cada uno de los acreditados que viven ahí”, dijo quien también fuera candidato a la gubernatura de Baja California en las elecciones del pasado junio.

“El corte del servicio sería un tema violatorio a los derechos humanos. La Constitución Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que es inconstitucional el corte del suministro del agua, ya que tiene que estar garantizado por lo menos 50 litros diarios por familia, ya que es un tema inclusive de salud; entonces, entrar a un corte colectivo estaría actuando de manera inconstitucional y muy insensible en el sentido social ya que también podría perjudicar la salud de los habitantes”, agregó.

El dirigente del COCI realizó el llamado a los habitantes del fraccionamiento Isla Coronado, en la delegación San Antonio de los Buenos, para comenzar a presentar un amparo que pueda protegerlos de cualquier acción legal a futuro, ya que mencionan vecinos que el hostigamiento por parte de la Cespt tiene mucho tiempo.

“Si se llegara a presentar el corte de agua en el lugar, las personas podrían impugnar el adeudo e impugnar la cobranza que está haciendo la Cespt y así evitar como un acto futuro inminente la suspensión del servicio”, señaló, “entonces, pueden acudir al juicio de amparo y sería conveniente que se protejan acudiendo a los órganos jurisdiccionales federales en petición del amparo”.