Acuerdan salario jornaleros y empresarios de San Quintín

San Quintín.- Con la participación de representantes de jornaleros, el consejo agrícola y autoridades de los tres órdenes de gobierno, se lograron los acuerdos con respecto al salario de los trabajadores del campo en la región de San Quintín, lo anterior como resultado de la reunión de seguimiento al punto trece de los acuerdos tomados la madrugada del pasado 14 de mayo, la cual fue encabezada por el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, así como por el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava y el Subsecretario del Trabajo y Previsión Social Federal, Rafael Adrián Avante Juárez.

 

 

Luego de concluida la reunión de este día, el Gobernador de Baja California reconoció el trabajo y la voluntad de todos los participantes en esta mesa, lo que permitió que se alcanzara el mencionado acuerdo y aseguró que este es un paso muy importante para de manera conjunta, todos los sectores y el gobierno, trabajen de la mano por el desarrollo y la prosperidad de la región de San Quintín, así como el bienestar de sus habitantes.

 

 

En este encuentro estuvieron presentes el Presidente Municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Chico; los Senadores, Víctor Hermosillo Celada y Angélica de la Peña Gómez, integrantes del gabinete estatal y delegados federales, así como los voceros de la denominada Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal.

 

 

Acuerdos y Compromisos

 

 

La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Agrícola de Baja California A.C. y la participación del Gobierno del Estado de Baja California, conforme a lo tratado en las reuniones de los días 24 de abril y 13 de mayo del 2015 y realizado el proceso de verificación en campo sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, y la actuación de IMSS.

 

 

Previa revisión y análisis de las propuestas e intervención de todos los convocados, se determinan:

 

 

1.  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el ámbito de su competencia vigilará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia laboral en la Región del Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California. Las vigilancias e inspecciones que realice la STPS serán conjuntamente con una comisión que designe la Alianza.

 

 

2.   La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), coadyuvará a vigilar el estricto cumplimiento del respeto de los derechos humanos, fomentando el bienestar de las comunidades indígenas asentadas en el Valle de San Quintín y participando en el ámbito de sus atribuciones en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

 

 

3.  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con los productores agrícolas y jornaleros agrícolas, continuará en el ámbito de su competencia, con los procedimientos para otorgar las prestaciones de seguridad social de acuerdo a lo que la ley de la materia determine, debiendo realizar campañas de información para los Jornaleros Agrícolas.

 

 

4.  La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán en la difusión y aplicación de sus programas sociales y proyectos productivos con base en la normatividad establecida.

 

 

5.  Conforme a sus atribuciones, el Gobierno del Estado de Baja California en coordinación con el Gobierno Municipal de Ensenada, proyectarán y conducirán las políticas públicas estratégicas que tiendan al desarrollo principalmente educacional, de salud y de servicios públicos que coadyuven al desarrollo integral de su población y a crear condiciones de crecimiento económico en la zona.

 

 

6.  Se ratifican los acuerdos suscritos por las partes los días 13 y 14 de Mayo del año en curso.

 

 

7.  Se acuerda que en un máximo de 15 días hábiles se categorizarán y entrarán en vigor,  las empresas agrícolas de la zona en tres diferentes niveles, atendiendo a sus características y capacidad económica (tamaño, extensión territorial, producción, tecnología, número de empleados, esquemas de negocios, competencias, entre otros), para determinar el salario mínimo integrado diario base a pagar, retroactivo al 24 de mayo de 2015,  una vez descontados los recursos aplicados por los Productores Agrícolas al pago de impuestos y de Prestaciones de Seguridad Social que quedará de la siguiente manera:

 

 

Nivel de empresa “A”: $180 pesos

 

Nivel de empresa “B”: $165 pesos

 

Nivel de empresa “C”: $150 pesos

 

 

Adicionalmente, se pagará un bono de fin de año a cada trabajador equivalente a dos semanas de servicio, proporcional al tiempo trabajado, antes del 20 de diciembre de cada año.

 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades competentes del Gobierno del Estado de Baja California, identificarán con base en la información disponible y la que presenten los Productores Agrícolas y la Alianza, la categoría a la que pertenece cada una y el salario mínimo que les corresponde pagar; por lo que ninguna empresa y/o Productor Agrícola podrá opinar o intervenir en el nivel de salario asignado a cada una de ellas.

 

 

En ningún caso los salarios serán inferiores a los que actualmente vienen pagando; asimismo, el incremento en el salario no implicará aumento en la jornada laboral, respetando la equidad de género. La STPS vigilará el cumplimiento de estos compromisos.

 

 

Las partes que intervienen en el presente acuerdo se reunirán la primera semana del mes de Julio a fin de dar seguimiento a los compromisos aquí signados.

 

 

Todas las partes que intervienen en el presente acuerdo se comprometen a privilegiar la vía del diálogo y la concertación, como instrumento para dirimir las controversias y evitar la afectación de terceros, ya que esto tiene un gran impacto en la paz social y orden público, así como en la economía del Municipio de Ensenada, B.C.