A vuelapluma: Tentaciones autoritarias (ley de amparo)

Cada determinado tiempo en nuestro México se renuevan los grupos en el poder político, acompañados de los grupos de poder económico, los cuales les sirvieron durante la etapa de encumbramiento con apoyos económicos, a cambio de ser parte de quienes se repartan el pastel una vez logrado el éxito.

En México, además, existe la tradición de que los grupos de poder político deben ser los "herederos de la revolución". Ninguno más. El sexenio pasado, por ejemplo, fue un sexenio donde los "herederos de la revolución" quedaron como el chinito y debieron unirse para recuperar el botín.

A lo largo de la historia, estos grupos pero más significativamente desde el mandato de Miguel Alemán Valdés, se han repartido las riquezas del país de una u otra forma. Y se repartieron entre otros, territorios fabulosos como Acapulco y más adelante Cancún, Los Cabos, Huatulco, Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, no pudieron con Cabo Pulmo, pero nuestro país es rico en lugares aún agrestes para adueñarse de ellos y explotarlos.

La anterior introducción se debe a la aprobación de la nueva Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, que además de los golpes al IFE y al IFAI, es una más de las tentaciones autoritarias del nuevo grupo en el poder político del país y la señal para el nuevo reparto.

Por ejemplo, el artículo 129 dice en su fracción XIII que no se otorgará la suspensión provisional del acto reclamado cuando ello obstaculice al Estado a utilizar, aprovechar o explotar los bienes que establece el artículo 27 de la Constitución.

Es muy cierto, los grupos empresariales y sobre todo los que explotan concesiones del Estado han abusado del juicio de amparo y de la suspensión provisional para, con argucias legales, continuar su operación, muchas ocasiones fuera de norma, y conseguir sus propósitos ante hechos consumados.

Se dice que tampoco habrá suspensión provisional para asuntos como continuación del funcionamiento de centros de vicio o lenocinio; producción y comercio de narcóticos; los abusos en las alzas de precios para artículos populares; de intereses de menores o incapacitados o del pago de alimentos; ingreso al país de mercancías prohibidas y otros.

Se busca que además de las garantías individuales, también se protejan los derechos humanos reconocidos en la Constitución; por esto, ahora podrá iniciarse un juicio de amparo demostrando ya no sólo el "interés jurídico", sino ahora a partir de un "interés legítimo". Por este lado, está muy bien el cambio.

Sin embargo, por el otro lado, se abre una gran ventana de oportunidad para que grupos de poder económico se adueñen de otras zonas del país que hoy se encuentran protegidas, ya no sólo por las leyes, que a esas se las pasan por el arco del triunfo mediante argucias legales o actos de corrupción, sino por grupos de indígenas o de la sociedad civil, como el caso de Wirikuta, entre otros.

El artículo 132 sin embargo, afirma a la letra: "En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo".