Usaban casetas de cuota como «botín» personal

0
78
Tan sólo en la escénica se estiman ingresos por 25 millones de pesos mensuales. Fotografía: Cortesía

Por Manuel Villegas

Muchas de las personas que se dedicaron a solicitar dádivas a los automovilistas en las casetas de cuota donde levantaban la “pluma”, utilizaban las carreteras estatales como “botín” particular, y habrá consecuencias legales contra ellos y sus dirigentes, se informó por parte del Gobierno Federal.

El delegado estatal de la Secretaría de Bienestar Social en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, afirmó en entrevista que la presencia casi permanente de estas personas fue con el argumento de que el libre tránsito es un derecho garantizado por la Constitución, y que solamente pedían apoyo de los automovilistas con fines altruistas.

En acciones realizadas la semana pasada, se retiró a decenas de personas, organizadas en más de 30 grupos a nivel estatal, que tenían “posesión” de las casetas en ambas carreteras en forma permanente al menos desde diciembre del año pasado.

Todavía ayer miércoles por la mañana, integrantes de un grupo denominado “Desobediencia Civil Pacífica”, pretendieron liberar el paso a los automovilistas en la caseta de San Miguel en Ensenada, para después instalarse y “solicitar cuota voluntaria”, pero agentes de la Policía Federal allí apostados lo impidieron e inclusive detuvieron a tres personas.

Ruiz Uribe anunció que este tipo de acciones ya no se van a permitir, y que quien incurra en esta acción, que representa un ilícito, será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que se trata de un delito federal el atentar contra las vías de comunicación; además, se afectaba a los conductores porque no tenían derecho a un seguro en caso de accidentes, entre otros servicios.

En un operativo realizado el jueves 7 de agosto, horas después de que el gobernador electo Jaime Bonilla se manifestó contra de la apertura de las casetas, elementos armados de la Agencia de Investigación Criminal, de la FGR, retiraron a los supuestos “activistas” que ocupaban la cuota de la carretera Escénica.

Aunque estos se retiraron sin oponer resistencia, hubo ocasiones en que, tanto en Ensenada como en Playas de Rosarito y Playas de Tijuana, grupos diversos se enfrentaron a golpes, con lesionados y detenidos, para ejercer el control de “la plaza” y así recibir las donaciones de los automovilistas.

Se politizó el tema

Desde la campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la “toma” de las casetas fue utilizada como bandera por grupos y personajes ligados al partido Morena y la coalición triunfadora en la elección presidencial. Días después de la toma de protesta en diciembre del 2018, la hoy senadora por Baja California, Alejandra León, instruyó la liberación de casetas en La Rosita, la Rumorosa, Mesa de Otay y Playas de Rosarito, con el argumento de la anti constitucionalidad del cobro.

Desde entonces, en Playas de Tijuana y otras casetas, se han apostado grupos autodenominados “defensores” de los recursos naturales, del agua, de afectados por decisiones de los gobiernos municipal y estatal, de personas de la tercera edad, residentes del fraccionamiento Las Delicias y de la colonia Lomas del Rubí, entre otros, además de grupos de particulares que hicieron de esta acción un negocio particular, según declaraciones de la autoridad federal.

Aunque no especificó la cantidad de dinero que por concepto de cuotas se dejaron de percibir por parte de Capufe (Caminos y Puertos Federales), Ruiz Uribe declaró en conferencia que “en Baja California ya están en marcha las casetas” y que así van a permanecer.

Se estiman ingresos por 25 millones de pesos mensuales tan sólo en la escénica, de Tijuana a Ensenada, lo que hacía “muy atractivo” a estos grupos permanecer en el lugar y pedir cooperación para distintas causas, añadió.

El Gobierno Federal, dijo, ya tiene en agenda de trabajo el tema de las implicaciones legales de quienes durante meses ocuparon y liberaron casetas en baja California, además de que se han asegurado de que el problema no vuelva a ocurrir porque se mantendrá vigilancia permanente de parte de la Policía Federal, la FGR y la Guardia Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).