Urge creación de un “Panteón ministerial”

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Los espacios en el panteón 12, en Valle Redondo, se encuentran en mal estado. Fotografía: Manuel Villegas

Por Manuel Villegas

Tijuana.- En los cementerios municipales de Tijuana, los espacios habilitados para recibir los cadáveres de personas no identificadas, conocidos como “fosa común”, desde hace tiempo están saturados.

La excepción es el Panteón número 13, recientemente habilitado por el Ayuntamiento en la zona de Valle Redondo, pero en el resto de la ciudad no hay más lugar. Es por ello que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California indica que urge la creación de un “Panteón Ministerial” a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En un recorrido realizado por Infobaja por los cementerios 11 y 12, se observó que, además que se encuentran en malas condiciones, cercanas a arroyos y en laderas en proceso de deslizamiento, ya no queda lugar para nuevas fosas.

A esto se suma que, en cada una de las fosas disponibles, desde hace algunos años el número de personas inhumadas pasó de 10 a 15 por la escasa disponibilidad de espacios, y hasta 20 cuerpos en cada una como se realiza en la actualidad; lo que ha dificultado y elevado los costos para que alguien pueda recuperar a un familiar allí dispuesto por orden del Ministerio Público.

En el cementerio público número 11, ubicado a un costado de la Vía Rápida Poniente a la altura del panteón de Los Olivos, el espacio destinado a fosa común es una ladera sin cruces ni postes, enmontada y cercana a un arroyo de terracería que finaliza en una tubería que cruza la vialidad hacia la canalización; allí son pocos los casos de cuerpos que cuentan con alguna identificación, entre ellos dos ex deportistas tijuanenses, cuyos familiares han marcado su lugar de reposo en forma de cruz o de lápida.

En el panteón municipal 12, en Valle Redondo, delegación La Presa Rural, la fosa común sí cuenta con postes de metal y la mayoría de los espacios están numerados, donde fueron inhumados un promedio de 20 cadáveres en cada tumba. No obstante, el terreno destinado es una empinada ladera que está en deslizamiento y se observan las fracturas del terreno en la parte alta, a lo que se suman varios resumideros por la presencia cercana de un arroyo permanentemente húmedo.

Aquí hay más casos de personas identificadas, y de acuerdo con algunos trabajadores consultados sí se han realizado varias exhumaciones, y en una veintena se observa que los familiares prefirieron dejarlo allí pero identificarlos con una lápida, monumento o crucifijo.

Recomendación a la PGJE

El tema de la disposición de las fosas comunes por medio de uno o más “Panteones Ministerial” a cargo de la PGJE, surgió en base a la Recomendación 8/2018, emitida por la CEDH de Baja California el pasado 26 de octubre del 2018, debido a «la inadecuada procuración de justicia, indebida diligencia y violación al derecho humano a la verdad, referentes a 12 Expedientes, en agravio de 33 víctimas, personas en calidad de desaparecidas y sus familiares».

En dicho documento, se expone que en “lo referente al derecho a la verdad”, las víctimas deben conocer desde los hechos constitutivos del delito, violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, identidad de responsables, circunstancias que propiciaron su comisión y «en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero”.

Por ello, la CEDH estatal formuló a la titular de la PGJE, Perla del Socorro Ibarra Leyva, varios puntos recomendatorios, siendo el tercero que se instruyan las acciones necesarias para “esclarecer los hechos relacionados con la desaparición, se localice a las víctimas desaparecidas, y en el supuesto de fallecimiento se identifiquen y entreguen los restos a sus familiares”.

En el punto 13 se recomienda realizar gestiones “a fin de que se instrumente un panteón ministerial en el cual se alberguen los cuerpos que continúan en calidad de desaparecidos”; y en el 14, que “en caso de no contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de algún punto recomendatorio, deberá solicitar el presupuesto necesario al Congreso del Estado”.

Pese a una solicitud de información realizada a la PGJE, no se tuvo conocimiento del cumplimiento de la recomendación para crear un cementerio ministerial.

Van 600 en ocho meses

Por parte del XXII Ayuntamiento, administrador de los 13 cementerios, el director de Servicios Públicos Municipales, Jaime Brambila Álvarez, explicó que solamente en los panteones 1 y 2 no hay registro de la fosa común, y del 3 al 13 ya hubo espacios habilitados para ello.

“En este panteón número 13 que empezó a operar oficialmente en julio del 2018, ya contamos con aproximadamente 600 inhumaciones, un promedio de 85 cuerpos por mes, de los cuales entre julio (de 2018) y febrero (de 2019) se han exhumado 35 cuerpos”, explicó el funcionario municipal.

Brambila Álvarez añadió que cuando los parientes localizaron a su familiar ausente donde la última opción fue el Servicio Médico Forense (Semefo), donde se lleva un padrón con las características físicas e incluso muestras de ADN del difunto para mayor certeza en la identificación, el procedimiento a seguir es la contratación de una agencia funeraria para la exhumación.

Estas contrataciones -que de acuerdo con personas consultadas cuestan aproximadamente entre 50 mil y 80 mil pesos- son gastos que asumen los familiares, señaló el funcionario municipal. Añadió Brambila Álvarez que los familiares deben contar previamente y mostrar al municipio un oficio del Ministerio Público con las indicaciones de rigor, el nombre del fallecido, la fosa en que se encuentra, así como el nivel en que está ubicado entre la veintena de cuerpos dispuestos en esa fosa unitaria.

 

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