¿Qué tan derechos somos en México?

Por Óscar Díaz

El concepto del estado de derecho es comprendido más o menos igual en todo el mundo, y en palabras simples significa la existencia de un Estado regulado por leyes efectivas, que le dan orden tanto a la vida pública como también a la vida privada o particular en un país. Implica que cada persona está sujeta a la ley; ya sea un ciudadano común o un funcionario. A todos los rigen reglas establecidas y difundidas, mismas que además se cumplen.

Por lo tanto el estado de derecho es casi como un concepto del mundo ideal, del mundo del deber ser, porque significa suponer la existencia de un estado perfectamente consolidado y funcional, donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer según las leyes, y el que no simplemente paga las consecuencias previstas en las mismas. Es decir, realmente hay un orden legal que se ejerce y que garantiza una cierta calidad de vida. No hay impunidad.

Mucha gente tiende a confundir al estado de derecho con un estado de leyes, pero el solo hecho de tener leyes no hace por sí mismo a un país funcionar, sobre todo si éstas no se cumplen como deberían. Situación que prevalece en México.

En nuestro país contamos con un ordenamiento legal más o menos funcional, que nos mantiene organizados y viviendo bajo reglas que son respetadas con cierta relatividad. Hemos tropicalizado el concepto y hemos desarrollado nuestro propio estado de derecho, como un ecosistema original, donde vivimos en un ambiente de tolerancia a la corrupción, a la injusticia y a la impunidad, en distintos niveles y formatos.

Por ejemplo, en materia de procuración de justicia y de combate al crimen organizado nuestro estado de derecho es muy débil, y es más que nada aparente. No se trata de tener policías, patrullas, armas o ejército, ni de que exista una Guarda Nacional o estatal, ni de tener cárceles o Jueces, Magistrados, Juzgados y Fiscalías, sino de que todo eso funcione, cumpla su objetivo y se imparta justicia efectiva. Sin embargo al respecto tenemos datos alarmantes en México, en estos temas la impunidad es del 99 por ciento. En muchas entidades federativas el sistema de impartición de justicia está funcionando pero colapsado, y eso que en promedio solamente se denuncia uno de cada cinco delitos cometidos. Ante esa realidad es difícil sostener que vivimos en un país que funciona legalmente, al menos para un gran sector de su población.

Muchas leyes se respetan todos los días y otras no, sin mayor trascendencia a la opinión pública, salvo cuando en ocasiones la noticia de un incumplimiento legal es de tal magnitud que trasciende a los medios de comunicación, ya sea porque su protagonista es de alto perfil o porque lo acontecido sea escandaloso por sí mismo; con lo cual, al enterarnos tenemos la oportunidad de generar opiniones propias, dimensionar nuestra situación y sacar conclusiones.

Ejemplos recientes muchos. Está el caso de Ovidio Guzmán que retrató nuestra debilidad estatal, y por ende la impunidad en la que coexistimos; también está el Caso Bartlett, quien fue recientemente exonerado por la Secretaria de la Función Pública de actos de corrupción; está también el Caso Le Barón, y más recientemente está el caso del menor de edad que disparó contra su maestra y compañeros en una escuela de Torreón, y que de varias maneras ha expuesto simultáneamente algunos de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad.

¿Usted cumple fielmente las reglas de transito?, ¿paga sus impuestos en tiempo y forma?; la escala de grises de nuestro estado de derecho se refleja en todo lo que hacemos, valdría la pena que lo reflexionemos.