Ley Nacional de Extinción de Dominio (Primera Parte)

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Por Wilfrido Ruiz Sainz

Existen razones poderosas para justificar mis razonamientos en torno a la mencionada ley. En las siguientes dos publicaciones de mi columna, voy a procurar explicar e interpretar dicha ley.

El impulso para referirme a la ordenanza de mérito, se debe a las preguntas sobre el particular que me viene haciendo el inquieto y solvente Virgilio, amigo de la infancia. Este personaje está preocupado por el impacto, los efectos y posibles consecuencias, que implica la vigencia, la observancia y la ejecución de dicho ordenamiento jurídico. La inquietud del amigo Virgilio se refirió al posible y latente perjuicio en contra de propietarios de bienes inmuebles, esto es, a los propietarios de buena fe.

La postura del erudito y culto amigo, me obliga a razonar la ley de referencia. Por lo tanto, debemos caminar lentamente para poder interpretar y entender los alcances de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, recientemente publicada el 9 de agosto de 2019.

Se trata de una ley fuerte y extrema con posibles consecuencias concluyentes y terminantes que podrán afectar la esfera jurídica del gobernado, es decir, se corre el riesgo de vulnerar el patrimonio de los ciudadanos. Sin duda, es una ley que pretende atacar frontalmente la delincuencia. Indudablemente, tiene efectos directos y contundentes contra la criminalidad pero existen efectos colaterales para los propietarios y posesionarios de bienes inmuebles que puedes ser fulminantes.

Los mecanismos y facultades al servicio del Estado, que se implementarán en el proceso de extinción, incluyen la administración de dichos bienes incautados y la disposición total de sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, esto es, todos aquellos beneficios que se derivan del régimen de la propiedad privada.

Dicho de otra manera y para adentrarnos en la naturaleza punitiva de dicha ley, vamos expresar diversos comentarios y conceptos, que nos ayuden a medir los efectos y las acciones gubernamentales. Las atribuciones que otorga la ley en comento autoriza a las autoridades ejecutoras, un poder dominante para asestar un golpe al régimen de propiedad privada.

La primera pregunta que viene a la mente es: ¿Cómo se define el concepto de propiedad? La propiedad es el dominio directo que se ejerce sobre una cosa como acontece con los inmuebles. Siempre habrá una limitante al derecho a la propiedad, esto es, no es un derecho absoluto como es el caso de no violar derechos de terceros y por causas de utilidad pública.

Desde mi época de estudiante y como egresado de la Facultad de Derecho de la Real y Pontificia Universidad Nacional de México, siempre admiré a los Jurisperitos Romanos. Para ellos, la propiedad era la manera cabal de gozar de los beneficios de una cosa. El régimen legal de la propiedad tenía diversas acepciones y atributos como el derecho de usar o servirse de la cosa (Jus Utendi), el derecho de percibir y disfrutar de lo que produce la cosa (Jus Fruendi), el derecho de vender, transmitir y disponer de la cosa (Jus Abutendi).

Con la introducción de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, está en la balanza la justicia y la seguridad patrimonial de los mexicanos. Está en juego la tranquilidad de los propietarios de bienes inmuebles ajenos a un procedimiento de extinción de dominio y por ello, correr el riesgo de sufrir daños colaterales como consecuencia de un hecho ilícito. (Continuará)

 

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