La deuda millonaria a la UABC y el pacto federal en crisis

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Por Noé López Zúñiga

La deuda millonaria a la UABC y la irresponsabilidad con la que se ha conducido recientemente la política en México, hace que se ponga en riesgo el derecho humano a la educación superior en Baja California y el sentido organizacional con el que fue construido el pacto federal de 1824 y avalado en nuestra constitución de 1917, y en el que se fundamenta nuestra forma de gobierno y convivencia nacional.

El hecho que tanto la federación por conducto del Ejecutivo Federal como el estado de Baja California, a través de su Gobernador, estén desconociendo que la deuda no es ni de uno ni del otro: “se pasan la bolita caliente”, se pone en riesgo el derecho humano a la educación superior en nuestro estado, y de paso se violenta la autonomía universitaria y el pacto federal.

Lo anterior porque el acceso a la educación superior, es un derecho constitucionalizado y es deber del (Estado-nación) garantizar su eficacia, más allá de la competencia que pueda tener el estado o la federación en el tema del financiamiento. Por tanto, el hecho de que dos niveles u órdenes de gobierno en conflicto desconozcan la deuda millonaria a un organismo constitucionalmente autónomo y legalmente desconcentrado como lo es la UABC, sin que nadie asuma su responsabilidad para hacer frente al conflicto tal y como lo marca el pacto federal, hace que este acuerdo, arreglo y reconocimiento institucional se vea mermado, pues debemos comprender que la federación no es otra cosa que el reconocimiento que hacen las entidades federativas a un gobierno general que los representa, dándole la máxima soberanía.

En otras palabras, el federalismo es un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros, por lo mismo al existir una deuda generada por una irresponsabilidad o corrupción atribuible a un gobierno local y en el que se perjudica a un  organismo autónomo como lo es la UABC, ante la indebida actuación de aquél, al dejar de suministrar recursos que estaban destinados a un servicio público, como lo es la educación superior, debe en razón del pacto federal, remediarse y protegerse de inmediato la situación, y es la Federación, la que debe acudir al subsidió de lo que el estado o entidad local debió pagar, esto según la interpretación que haríamos de lo que establece el artículo 40 Constitucional, del que se desprende que nuestro forma de gobierno es republicana por lo que “los estados como entidades federativas están unidas en una federación”. Esta unión, significa que la federación debe acudir de inmediato en la ayuda de aquel estado o entidad u organismo con problemas (quiebre o insolvencia); y por lo mismo subsidiar y remediar, esto con la finalidad de proteger los derechos y libertades de estudiantes y trabajadores que se verían perjudicados, así como para salvaguardar la autonomía de la universidad destinataria de los recursos. Todo esto, con independencia de las medidas legales o correctivas que se finquen en contra de quien se señale como responsable por la mala gestión de gobierno, pues sin duda al estar unidos en este régimen federalista, existen órganos que tienen la facultad para establecer responsabilidades administrativas sancionatorias, denuncias de hechos, denuncia de juicio político, etcétera, en contra del funcionario o servidor público que en el ejercicio del poder desvió recursos públicos (en este caso federales). Al parecer ya es oficial que esta irresponsabilidad es atribuible al gobernador en turno Kiko Vega, lo cual es un avance importante para fincar las sanciones o el juicio según proceda.

Así, el hecho que dos autoridades, una federal y una local, desconozcan adeudo millonario a una entidad constitucionalmente autónoma, provoca un desarreglo a lo pactado y pone en riesgo la clausula republicana y federal previstas en el citado artículo 40 constitucional y en concreto en el caso UABC, se violenta su autonomía universitaria, ante la imposibilidad material que tiene para autoadministrarse y cumplir su finalidad, como lo es la prestación de servicios de docencia, investigación y la extensión de la cultura, dejando como consecuencia en riesgo la formación educativa de 65 mil 528 estudiantes de los diferentes programas educativos a nivel licenciatura y posgrado que se encuentran inscritos en la máxima casa de estudios de Baja California.

Cabe señalar que durante el siglo XIX el federalismo mexicano sufrió varias crisis de anarquía y desorden fiscal, lo que parece repetirse en el presente, pero ahora en materia de subsidios o financiamiento público a las entidades federativas y organismos autónomos.

Al parecer, debido a la composición política en la que nos encontramos, estas malas experiencias se estarán repitiendo en distintas áreas. Sin embargo, en el caso UABC por lo menos nos deja claro que debe existir un cambio inmediato en la forma en cómo se le hacen llegar sus recursos y financiamiento, a la que le vendría bien se le entregue de forma directa, y ya no a través de los famosos convenios tripartitas celebrados entre la Federación a través de la Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado por conducto de su Gobernador y la Universidad; y cuya fundamentación se deriva de la Ley para la Coordinación de Educación Superior. Un cambio verdaderamente democrático sería aquel que privilegie la autonomía de las universidades y se les entregue directamente su financiamiento. La UABC ha demostrado con hechos su calidad y crecimiento institucional.