En riesgo la certidumbre democrática de México

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Por Roberto Rosas Jiménez

Cambiar el periodo de un gobernante electo ya después de la contienda electoral, es una ilegalidad histórica que arriesga el diseño del sistema democrático de México.

En Coparmex consideramos inadmisible que habiendo iniciado un proceso electoral e incluso después de haber ido a las urnas, la Legislatura del Estado de Baja California modificó el periodo de gestión del Gobernador electo mediante una sorprendente reforma a la Constitución del Estado el día 8 de julio del 2019, 37 días posteriores de la jornada electoral celebrada el 2 de junio del mismo año.

En este asunto, la posición de Coparmex es y sigue siendo clara: La reforma que tiene por objeto modificar el periodo de gestión del Gobernador electo, sustituye la voluntad popular al eliminar la periodicidad previamente establecida para la concurrencia de las elecciones federales y locales en 2021.

Esto es, las acciones de la Legislatura constituyen violaciones graves a la Constitución General de la República al atacar la forma de gobierno republicano, representativo, federal, así como un ataque a la libertad de sufragio.

La parálisis legislativa generada con la inacción de los responsables impide acceder al sistema de impartición de justicia, al inhibir las acciones que pudieran derivarse en contra de la reforma aprobada.

En ese tenor, y hasta en tanto la recién aprobada reforma no sea perfeccionada y cobre vigencia los ciudadanos, nos encontramos impedidos para ejercer los medios de impugnación que el propio sistema jurídico mexicano pone a su alcance para defender la Constitución.

Hace unos días, la Legislatura promovió un acuerdo para sostener un ejercicio de consulta para definir su actuación en este asunto, en el sentido específico de enviar o no al Poder Ejecutivo la modificación a la Constitución del Estado que permite el cambio en el periodo del próximo gobierno estatal.

Coparmex ha sido promotor de la participación ciudadana directa mediante instrumentos legalmente previstos como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular.

Sin embargo, una consulta popular o privada no tiene validez legal en materia electoral, expresado claramente por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.

Exhortamos, de nueva cuenta, al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado a cumplir con su obligación de enviar, sin mayor dilación, la reforma mencionada al Poder Ejecutivo del Estado para permitir la urgente resolución jurídica a la que tienen derecho los bajacalifornianos.

Me despido haciendo alusión a las palabras pronunciadas hoy por la mañana de nuestro Presidente de la Republica, a pregunta expresa sobre nuestro estado.

“Modificar la Ley en beneficio personal o de una facción, es un retroceso, no llegamos al poder para hacer lo mismo que antes, llegamos para transformar”.