El derecho humano a migrar: su alcance y sus límites

Por Noé López Zúñiga

¿Existe el derecho a migrar como una cualidad intrínseca a la naturaleza humana para elegir libremente donde vivir? A esta pregunta, le subsisten múltiples respuestas, unas desde el iuspositivismo y otras desde el iusnaturalismo. Sin embargo, lo más contundente es que lamentablemente la mayoría de las constituciones e inclusive el derecho internacional de los derechos humanos, han callado o son muy reticentes al derecho a migrar, pues aunque establecen el derecho al libre tránsito, condicionan de forma extraordinaria el derecho a migrar; o sea, hoy los seres humanos pueden moverse y transitar libremente de un lugar a otro, pero con restricciones y condiciones que los países receptores establecen previamente, por tanto la migración lisa y llana es casi imposible como un derecho humano y a la fecha se ha convertido en un derecho administrativo.

Esto se puede entender porque todas las leyes ordinarias y los reglamentos en materia de migración son extremadamente restrictivas en los países más desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, esto a partir de agravarse el fenómeno de la migración a escala global y por los ataques terroristas que se han registrado en las últimas décadas. Sin embargo, esto no solo sucede en los países más desarrollados, pues como lo estamos viviendo hoy en México, con el fenómeno migratorio haitiano, africano o de centroamericanos, existe también el desplazamiento de personas entre países pobres o de economías emergentes.

Al existir muchas restricciones en las leyes migratorias para poder ejercer la inmigración, encontramos que los derechos humanos como derechos universales, inalienables e intransferibles, indivisibles e interdependientes, representan la única vía para que los migrantes luchen contra los efectos de los esquemas de desigualdad social evidentes en todos los planos de nuestra vida, pues son sin duda, el grupo social más afectado en pleno ejercicio de sus derechos, porque su vulnerabilidad es mayor, precisamente por su posición más desventajosa en la escala social, lo que hace que sufran por su exposición cotidiana discriminación y exclusiones desde la política, economía, y lo jurídico.

Esto lo podemos evidenciar con los migrantes y transmigrantes regulares e irregulares de origen haitiano y africano que se encuentran actualmente en nuestra ciudad, pero también con los miles de mexicanos que han sido expulsados de Estados Unidos y que no encuentran un lugar donde vivir dignamente, inclusive miles de ellos han sido separados de su familia nuclear, pues han quedado del otro lado de la frontera.

Así, en el mundo jurídico existe un debate entre los derechos del ciudadano y del extranjero, entre el derecho administrativo y los derechos humanos. Esto representa, desde el plano del derecho constitucional, un nuevo paradigma que vencer, pues el poco y deficiente alcance de los derechos humanos de los migrantes internacionales, transmigrantes y refugiados, hace que los sistemas jurídicos contemporáneos sean ineficientes e ineficaces para proteger a los migrantes desde una concepción más racional y humana. A esto le sumamos que las ciudades fronterizas del norte como Tijuana, Mexicali, Nogales, Matamoros, Ciudad Juárez, etcétera, no tienen una política pública que ayude y logre aminorar el sufrimiento de los miles de migrantes que llegan y que se encuentran buscando un mejor porvenir.

En el caso particular del sistema legal mexicano, podemos decir que en teoría las reformas legales en materia migratoria y las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, nos imponen un cambio en la forma de ver y tratar al fenómeno migratorio regular o irregular en territorio nacional. Sin embargo, la verdadera dignificación de los migrantes y como consecuencia el respeto de sus derechos humanos y por extensión, el posible acceso a mejores condiciones de vida, no se encuentran aún garantizados del todo, pues en la propia constitución y en sus leyes reglamentarias se establecen límites o condicionantes muy extremas que hacen imposible el acceso a otros derechos.  

Consideramos que la dignificación de la vida del migrante, ya no debe ser una cuestión utópica o teórica, sino una cuestión de conciencia humana que implica analizar la migración como algo intrínseco a la naturaleza humana, y como consecuencia de ello, se nos imponga analizar a la migración internacional que busca una vida digna, un tipo de asilo o refugio económico, situación que consideramos compatible a la universalidad de los derechos humanos. Esto sin duda, nos implica realizar muchos cambios en la concepción de la migración y su actual catálogo; es decir, los países receptores de migrantes deben establecer políticas de asilo, o refugio por motivos simplemente económicos; esto es, no por persecuciones políticas o religiosas o por catástrofes naturales, sino por las miserables condiciones económicas en las que se encuentran obligados a  sobrevivir las personas en sus naciones de origen, y que los hacen huir o escapar de esa terrible realidad.

No olvidemos que la mayoría de la migración irregular que se ha registrado últimamente, principalmente del sur al norte, es por cuestión de miseria e inseguridad, esto es por la desigualdad que existe en la mayoría de los países en vías de desarrollo; por tanto, bien vale la pena replantearnos el derecho humano a migrar y ponderar la categoría de refugiado económico.

Finalmente, no es válido que el derecho a migrar sea tratado simplemente como un derecho administrativo, y que sea más fácil que entren y salgan mercancías de un país a otro, que seres humanos que buscan salir de la miseria e inseguridad de sus países de origen.